El reclamo de empresarios y sindicatos de transportistas de que el gobierno modifique la Ley de Hidrocarburos y reduzca el precio de los combustibles contiene cierta dosis de razonabilidad. Podría decirse que es una demanda justa, puesto que al parecer el gobierno ha estado expoliando a toda la población cobrando la venta combustibles al contado, a precios altísimos más allá de lo necesario, mientras se beneficia de los créditos diferidos que generosamente ofrece Venezuela.

Sin embargo, el paro sorpresivo realizado por los empresarios del transporte la mañana de ayer lunes, que dejó varados a miles de pasajeros del transporte público en Santo Domingo, ilustra por qué cualquier reclamo en boca de estos falsos sindicatos hace sospechosa la bondad del mismo.

La Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), propiedad del empresario y diputado Juan Hubieres, y la Central Nacional del Transportistas Unificados (CNTU), del también empresario Ramón Pérez Figuereo, reclamaron la responsabilidad del paro de cuatro horas que retrasó la llegada a sus trabajos y escuelas a millares de ciudadanos.

Según Pérez Figuereo, casi el 90 por ciento de las rutas del transporte público de pasajeros en Santo Domingo fue paralizado y amenazó con realizar paros similares para tratar de obligar al gobierno a reducir los precios de los combustibles.

Aparentemente el paro tomó por sorpresa no sólo a los pasajeros sino también al gobierno, puesto que en ocasiones anteriores al anunciarse o conocerse este tipo de paralización de un servicio público se toman medidas preventivas, como disponer un aumento del número de autobuses en las rutas afectadas.

Es difícil entender por qué este y los gobiernos anteriores no le han quebrado la parpartana a estos falsos sindicatos que ofrecen pésimo servicio, viven reclamando tratos especiales, se apropian gangsterilmente de rutas, impiden la libre competencia no sólo en las rutas de pasajeros sino también en el transporte de carga, y peor aún- se prestan a maniobras políticas según su conveniencia del momento. Y todo esto en perjuicio de los pasajeros.

Si la manera en que estos sindicalistas falsos van a tratar de que bajen los precios de los combustibles, o que se reduzca el margen de sobreprecio que el gobierno dispone en provecho propio, es abusando de los pasajeros, difícilmente lograrán apoyo para un reclamo que pudiera ser justo.

Entre los precios de los combustibles y estos transportistas rebuseros, ¿quién defiende al pueblo?