Debemos hacer un recuento para poder entender los conflictos que han enfrentado a la República Dominicana y Haití, naciones calificadas como “alas de un mismo pájaro”.

Los graves problemas se iniciaron con la emisión de la Sentencia 168-13 por el Tribunal Constitucional, que no otorgaba la nacionalidad dominicana para aquellos inmigrantes que desde 1929 permanecían en el país, sin importar el número de años que habitaban en él a los cuales se les consideraban como personas en tránsito y por consecuencia no tienen derecho a la nacionalidad dominicana; a pesar de que la Junta Central Electoral (JCE) haberles emitido cédula personal de identidad. La decisión tomada por el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario de anular estos documentos, desencadenó una ola de protestas, que fue necesario votar la Ley 169-14, para calmar a la comunidad internacional que condenó al país ante tal funesta decisión.

Ahora, se está implementando el Plan de Regularización votado en agosto de 2014, el cual flexibiliza los alcance de la Ley 169-14 para permitir que a unos 240,000 haitianos se les reconozcan los derechos adquiridos por haber nacido en el territorio dominicano aunque hijos de haitianos y se les regulariza mediante la emisión de una tarjeta de migración, para poder optar para una residencia permanente.

Al traspasar este conflicto los límites de nuestro territorio, nos hemos tenido que enfrentar a una serie de organismos internacionales como el CARICOM, la Comisión Internacional para defensa de los derechos humanos y, últimamente, a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Secretario General un supino ignorante llamado Luis Almagro, declaró que en una misma isla no pueden haber dos estados. Por ser tan estúpida esta afirmación, no la comentaremos.

Los graves problemas se iniciaron como represalia a las leyes antes dichas, las autoridades haitianos prohibieron la entrada de productos agropecuarios dominicanos, lo cual perjudicaba enormemente a la masa pobre que dependía de los pollos, huevos, salami y otros productos para su manutención. Por supuesto, esas medidas no afectaban a la pequeña burguesía haitiana, que importaba los huevos de Brasil, quesos de Francia y embutidos de los Estados Unidos de América. Resultando movilizaciones en los mercados fronterizos, en donde primaba la corrupción en el tráfico de los productos.

En declaración reciente, el presidente de Haití, Michel Martely, expresó: “que su gobierno busca una solución pacífica al conflicto”. Se habrá referido a que si no se llega a la misma, se apelaría al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, el primer Ministro Evans Paul declaraba: “que es difícil pedir a las víctimas que se disculpen con sus torturadores”, respondiendo al canciller dominicano que solicitó que ese país se disculpara. Para muestra un botón. Cuando el embajador haitiano Daniel Suplicce en nuestro país emitió declaraciones en las cuales afirmaba que no había maltrato ni deportaciones, el presidente Martely, no solo lo llamó, sino que lo destituyó.

¿Cuál es la situación de la población haitiana en su país? Al no existir registro civil en la mayoría de las comunidades de Haití, sólo un 30% posee documentos probatorios de su personalidad jurídica. Esto significa, que el 70%, no tienen documento alguno que los pueda identificar. Es decir, si hablamos de apátridas, aunque se les reconozca el jus soli, cada individuo puede ser calificado como “un don nadie”. Por eso, cuando vienen a nuestro país adoptan nombres de manera medalaganaria: tales como: Fernando Valadez, Raúl Mondesí y otros famosos. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo inaudito que está llevando a cabo el Gobierno dominicano con personas que ni siquiera se recuerdan el lugar y fecha de nacimiento. Este documento debió haber sido suministrado por las autoridades haitianas ya que le está costando al Gobierno dominicano más de mil millones de pesos en carné, transporte, oficina y hasta publicar los nombres en la prensa de los que han sido aceptados como regularizados, lo cual conlleva también, a que muchos ilegales hayan optado de manera fácil por la naturalización.

De todo lo anterior podemos deducir, que si hay “apátridas” o como se denominan internacionalmente heimathlosat, es porque existe una discordancia entre las leyes haitianas relativas a la identificación y la nacionalidad. Ningún Estado emite un documento de identidad sin haber probado el interesado su procedencia.

El problema de la inmigración se ha convertido en un dolor de cabeza, no solo para haitianos, cubanos, venezolanos, sino para la Unión Europea que ha visto desbordadas sus fronteras por miles de subsaharianos y africanos, que huyen como los haitianos del hambre y la miseria. Mas, países ricos como Austria y Hungría se han negado a recibirlos. Sin embargo, a un país pobre como el nuestro, algunos países ricos y organismos internacionales, pretenden que sea la República Dominicana la que corra con la suerte del estado fallido de Haití. Si les interesa tanto su suerte ¿Porqué no se hacen cargo de ellos países que los apoyan como Canadá, Estados Unidos de América y Francia, en donde sobra territorio y hay muchas riquezas?