JOSÉ LOIS MALKUN
Una declaración reciente del Superintendente de Bancos me movió a pensar en lo saludable que sería para el país que ciertas decisiones públicas, donde está en juego la propia seguridad del Estado, se lleven al fondo del asunto, especialmente cuando éstas tienen repercusiones en la economía y trascendencia a lo largo del tiempo.

Estoy totalmente de acuerdo con que se proceda judicialmente contra las autoridades monetarias del Gobierno pasado, si se encuentran suficientes evidencias de que se actuó al margen de la ley o se cometió algún delito grave cuando se dispuso la intervención de tres bancos privados y la devolución de los depósitos al público. Lo único incompleto de esta declaración del Superintendente es que para llegar al fondo del asunto, como querrá todo el pueblo dominicano, habrá que considerar también el sometimiento, por las mismas razones, a otras autoridades monetarias en el pasado, porque los hechos acontecidos en el 2003, están estrechamente vinculados con muchas decisiones tomadas antes de esa fecha, incluyendo a varios gobiernos.

Al margen de lo que pueda suceder en el futuro sobre esta materia, creo firmemente que la autoridad monetaria de este país, a través de su historia, ha dado muestra de ser, sino la única, de las pocas instancias confiable, prudente, honesta e irreprochable en el cumplimiento de su deber público. Y más si lo comparamos con el resto del Gobierno y del mismo sector privado.

No tengo la menor duda de que cualquier otra instancia del Gobierno que hubiera manejado una crisis como esa, hubiera traído consigo muchas acusaciones de corrupción y quizás muchos nuevos multimillonarios. Pero si de algo pueden vanagloriarse y enorgullecerse las pasadas autoridades monetarias, es de la transparencia y honestidad con que se manejó dicha crisis. En ese campo reto a cualquiera a demostrar lo contrario. Y creo lo mismo de otras autoridades, cuyo quehacer institucional ha sido cuestionado en el pasado. Algunos errores pudieron haberse cometido. Somos humanos y todos lo cometen. Pero más de ahí, nada encontrarán.

Por esa razón, nadie debe temer a estos procesos judiciales, aún sean ex gobernadores del Banco Central, ex superintendentes de Bancos o ex miembros de Juntas Monetarias, si cada uno entiende que actuó dentro de la ley o con el firme propósito de preservar el sistema financiero nacional o el propio sistema de pagos del país.

Estos temas trascienden el interés particular o el de cualquier sector político, social, empresarial o gubernamental, sin importar su poder o influencia. Se trata de un asunto de interés nacional donde está en juego todo el andamiaje en que descansa el sistema jurídico y democrático de este país.

De manera, que todos los que han tenido cargos públicos en la administración del sistema financiero dominicano tienen el derecho a defender sus actuaciones ante cualquier intento, serio o malsano, de las autoridades de turno, de poner en manos de la justicia acciones tomadas en el pasado y que ahora se cuestionan. Hasta ahora interpretamos la declaración del Superintendente como bien intencionadas, aunque otras han sido malsanas y reprochables dando claras demostraciones de revanchismo político. Y eso si es peligroso y le hace mucho daño al país.

Y decimos eso porque el Superintendente de Bancos señaló claramente que antes de iniciar cualquier proceso contra las pasadas autoridades, si encuentran evidencias para hacerlo, deben dilucidarse los juicios contra los acusados de los fraudes bancarios. Debe conocerse el fondo del asunto que envuelve esos fraudes. Y después de las sentencias, si es que alguna vez llegamos a eso, entonces tomar cualquier acción legal complementaria, si es que procede, lo que personalmente pongo en dudas. Pero esa es la vía correcta. Lo contrario es conducir el país por el caos y la ingobernabilidad.

Sólo el hecho de que ciertas autoridades del Gobierno coincidan con aquellos que pretenden enlodar a las pasadas autoridades monetarias para encubrir y proteger a los que cometieron esos fraudes, es conspirar contra la propia seguridad del Estado. Porque si hoy el PLD está gobernando, es gracias a la acción responsable de esas autoridades. Pero nadie está exento de cumplir la ley. Y si hay evidencias de que así sucedió, entonces, en su momento, debemos llevar el caso hasta el fondo del asunto. Pero antes, juzguemos a los verdaderos culpables. Por lo menos, iniciemos el juicio de fondo, porque ni eso quieren permitir.

Es obvio que detrás de ese revanchismo político se esconde la mano invisible de tenebrosos personajes que durante toda su vida sólo han conocido la maldad y el odio para atemorizar a sus adversarios. Y cuando se trata de encubrir los hechos más nefastos conocidos en este país, son siempre los que están en la primera fila de la defensa.

El día que un Gobierno caiga en manos de esos funestos personajes, hasta ahí llegó la seguridad jurídica que hemos alcanzado. Y precaria o no, es nuestra seguridad jurídica y tenemos que preservarla ante cualquier intento extremista de socavarla.

Ninguna autoridad pública que se respete debe aceptar el chantaje. El chantaje de esos oscuros personajes que se escudan en las sombras del poder para amedrentar con sus amenazas y sus mentiras. Son personajes frustrados, carentes de moral y con propósitos espurios. Están siempre dispuestos a la traición cuando sus pretensiones no son satisfechas. Hay que enfrentar a esa gente. No temerle. Hay que desafiarlos y desenmascararlos. Son malos por naturaleza. Conspiradores consuetudinarios. Insaciables en sus ambiciones. Y nunca perdonan, porque no tienen corazón ni sentimientos para perdonar.

Lleguemos hasta el fondo del asunto por el camino correcto pero cuidémonos de esta amenaza latente. De esa plaga moribunda que aún contamina de odio a la sociedad.