A propósito de la ejecución de siete personas en Paya, Baní, en una operación que las autoridades vinculan al narcotráfico, el senador por Peravia, Wilton Guerrero, oficialista, ha formulado denuncias que deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias.

Ha hecho lo correcto el Presidente de la República al disponer que una comisión investigue estas afirmaciones que atribuyen a autoridades policiales y antinarcóticas contubernio y complicidad con los traficantes de drogas. A pesar de las reacciones que cuestionan su denuncia, el senador Guerrero las ha reiterado en declaraciones para este diario.

Siempre se ha dicho que el narcotráfico ha penetrado  instituciones públicas para tener autoridades de su lado. La denuncia del senador Guerrero involucraría la responsabilidad de  muchas personas,  sobre todo de autoridades. Una investigación a fondo permitiría saber hasta dónde tiene la razón, y mejor si el legislador tiene los medios de aportar evidencias de sus afirmaciones. Juzgar a priori su denuncia, el momento en que la ha hecho, nos privaría de la oportunidad de conocer la verdad. No es casual que  nuestro país haya pasado de puente del narcotráfico a centro de acopio de drogas, y que tenga ya su propio mercado de consumo. Es preciso investigar hasta las últimas consecuencias la ejecución de estos siete hombres y la grave denuncia del senador por Peravia.

¡Que viva la libre competencia!
El atraso de este país en muchos aspectos obedece a vicios que estigmatizaron la libre competencia. La famosa Ley 299, de incentivo y protección industrial, establecía el criterio de “suficiente capacidad instalada” que cerraba las puertas a la sana competencia. En muchos ámbitos, como el transporte de pasajeros, todavía prevalece ese vicio y hay sindicatos que se erigen en dueños de rutas, alegando derechos adquiridos.

Aquí, felizmente, ya contamos con una ley de defensa a la libre competencia y contra las prácticas desleales del comercio. Hay que hacerla respetar, hacerla valer, para que toda inversión legítima y legal, en transporte o lo que sea, pueda desarrollar sus actividades sin que puedan ser violentamente obstaculizadas por grupos que alegan derechos adquiridos, propiedad de rutas y otras aberraciones. La libre competencia es un motor de progreso y desarrollo. Las mejores economías han crecido al amparo de este precepto.