Hasta las últimas consecuencias

Hasta las últimas consecuencias

Las denuncias del senador por Peravia, Wilton Guerrero, con las que involucra a policías adscritos a la dotación de Azua en  tráfico de drogas y crímenes conexos, deben conducir a una investigación que toque todas las puertas que haya que tocar y llegue hasta las últimas consecuencias. El detonante de este nuevo escándalo ha sido la balacera en que murieron, el jueves 30 de julio, un sargento mayor de la Policía Nacional y dos civiles, en lo que se presume era un “tumbe” de drogas. Contra la denuncia del senador se ha levantado la voz del procurador fiscal de Azua, Rafael Peña Brito, quien dice desconocer en qué basa Guerrero sus denuncias.

En agosto del año pasado, siete personas fueron ejecutadas en Paya, una comunidad de Peravia, provincia que colinda con la de Azua. Se trató de una operación de narcotráfico en cuya investigación colaboró bastante el senador  Guerrero, con sus denuncias y aporte de datos. El jefe de la Policía ha declarado que tiene bajo investigación a  los 194 agentes de su dotación de  Azua, y ha afirmado que ha sido correcta gran parte de la denuncia hecha por el Senador de Peravia. Quizás sea útil tratar de encontrar a través de la indagación del caso Azua, pistas que permitan  esclarecer puntos negros del caso Paya, como  el destino del dinero y las  drogas  envueltos en la ejecución  de siete personas el año pasado. Hay que llegar a las últimas consecuencias.

Padres con las manos atadas

Hemos tomado prestado el título de la nota que encabeza la página 13A de nuestra edición de ayer, porque sin duda ilustra la situación de muchos padres que tienen hijos en colegios. Este año los precios de los libros de texto y útiles están bastante inflados y son muchos los estudiantes que no podrán asistir a los primeros días de docencia con todos los libros y utensilios necesarios.

La situación tiene su origen en que la Secretaría de Educación, que entrega de manera gratuita los libros a los estudiantes de las escuelas públicas, no tiene facultades para regular el mercado del material didáctico que emplean los colegios. Tampoco, y es una verdadera lástima, las tiene para controlar la voracidad de los colegios con  tarifas que aumentan año tras año. Los progresos logrados en la enseñanza pública tienen como contrapartida esta realidad que ata de manos a miles de padres cuyos hijos asisten a colegios privados.

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