Hoy 
POR WILFREDO LOZANO
Los acontecimientos en Hatillo Palma en Montecristi, a raíz del asesinato de la dominicana Maritza Núñez y las heridas infligidas a su esposo, por varios haitianos, son sumamente preocupantes y deben mover a las autoridades a actuar con mayor prudencia y firmeza. Lo que quizás es más preocupante aún es el hecho de que los residentes en esa localidad hayan decidido tomar la justicia por sus manos y desatado una incruenta persecución de haitianos, ante el hecho de la pasividad de las autoridades frente a la ola de delincuencia que presuntos nacionales haitianos protagonizaban en esa comarca.
Es claro que si bien es entendible el enojo de los residentes de esa localidad ante el incremento de la delincuencia y la ineficiencia de las autoridades en su control, en modo alguno eso justifica que asuman la justicia con sus manos. Por ese camino vamos hacia la liquidación del estado de derecho base de la democracia.
Estos acontecimientos tienen muchas implicaciones para nuestro país, tanto de orden interno como internacional. Un mal manejo de los mismos puede colocar al país en una difícil situación, precisamente ahora que las negociaciones del DR-CAFTA se encuentran avanzadas. A esto se añaden las críticas al país en materia de derechos humanos hechas por distintas organizaciones internacionales, precisamente a propósito de la cuestión carcelaria, pero también judicial e inmigratoria.
DEPORTACIONES MASIVAS
La primera mala señal enviada por el país es que un asunto que debe manejarse en el marco de la justicia, poniendo básicamente a actuar al ministerio público con rapidez y eficiencia, fue más allá, al ordenarse masivas deportaciones de nacionales haitianos. Debe hacerse justicia, los culpables deben ser condenados con todo el peso de la ley, pero no se puede generar acciones que en la práctica estimulen un sentimiento xenófobo, que para bien o para mal las deportaciones producen al ser asimiladas por la población como la reacción dominicana a los hechos de sangre producidos en Hatillo Palma. Lo que importa en este caso son los resultados de las acciones no tanto las intenciones posibles: a un hecho de sangre han seguido masivas deportaciones. Es claro el mensaje que en la práctica las autoridades quizás sin tener una clara conciencia de ello- han enviado no sólo a la nación, sino incluso a la comunidad internacional: el responsable final del problema es la comunidad de haitianos en el país, no algunos de sus miembros específicos. Y esto es sumamente negativo, pues de hecho las masivas deportaciones que se están produciendo conducen lamentablemente a esta conclusión.
Puede argumentarse que esto es simplemente una coincidencia. Que este plan de masivas deportaciones se había dispuesto antes de los hechos de sangre, antes del horrendo crimen acaecido en Hatillo Palma. Si así fuere, la torpeza de las autoridades es aun mayor, pues simplemente continuaron un esquema de deportaciones que obviamente ante los hechos producidos requería precisamente frenarlas, limitarlas, enfatizando por el contrario la necesidad de aplicar la justicia a los responsables del crimen de manera rápida, responsable y eficiente.
Lo contrario se ha producido. Nadie niega que ante la reacción xenófoba de la comunidad de Hatillo Palma por el crimen perpetrado, las autoridades hayan actuado con responsabilidad facilitando a la población haitiana que reside en esa comunidad, su desplazamiento hacia otros lugares. Debe aquí reconocerse el trabajo de la gobernación de Montecristi y de las autoridades militares radicadas allí. Pero las deportaciones destruyen con los pies lo que esta acción hizo con las manos, pues dan la impresión de que el responsable final de esta situación es la propia comunidad haitiana y no individuos concretos.
Hay otras aristas de estos lamentables hechos que deben preocuparnos. Coincidiendo con el acuerdo de apoyo conseguido por el Presidente de la República por parte de los Estados Unidos para organizar en el país un sistema de vigilancia y control fronterizo eficiente, tanto en materia de contrabando de armas, narcotráfico como de tráfico de ilegales, se producen las deportaciones. Esto último es a todas luces una mala señal que puede empañar el hecho positivo de este acuerdo. Las razones son simples: los organismos de derechos humanos que a nivel internacional operan con extrema eficiencia ya están dando muestras de preocupación ante la arbitrariedad de las deportaciones, que ha afectado no sólo a indocumentados, sino a trabajadores haitianos con permisos de trabajo y a dominicanos descendientes de haitianos con sus papeles en orden.
Las autoridades militares han afirmado que las deportaciones se han realizado de acuerdo a la ley, pero en toda la prensa dominicana se presentan muestras de que no ha sido así y diariamente se publican fotos de camiones cargados de jornaleros que serán deportados donde los mismos muestran sus documentos de identidad, sus permisos de trabajo en orden. Las autoridades religiosas de la zona fronteriza confirman lo que aquí afirmo, a propósito de la arbitrariedad con que se han producido las deportaciones y el hecho de que han afectado no sólo a indocumentados, sino a personas que formalmente tienen papeles en regla.
El jefe del ejército dominicano, en medio de ese marasmo de torpezas, dio hace unos días una sensata e inteligente declaración a la prensa, señalando que la presencia de mano de obra haitiana en el país es un hecho real, que los cultivos dominicanos en rubros fundamentales dependen de esa mano de obra y que existe una frontera de casi 400 kilómetros que es difícil controlar en su totalidad. Refiere luego el general que lo que se debe es vigilar y controlar con eficiencia el movimiento fronterizo, de personas y bienes, que se debe regular el flujo de trabajadores y que en ese marco las deportaciones deben producirse en un cauce legal.
NUEVA LEY DE MIGRACIÓN
Estamos plenamente de acuerdo con lo declarado por el jefe del ejército. Pero vale la reflexión: ¿Qué significa ceñirse a lo que indica la ley en materia migratoria? Desde el 15 de agosto del 2004, en el país se tienen una nueva ley de migración. ¿Las deportaciones se están haciendo con base en este nuevo instrumento jurídico o con lo que indicaba la anterior legislación migratoria? Si es con base al nuevo instrumento de ley, pese a las críticas que se le pueden hacer en diversos asuntos, incluido el de las deportaciones, la nueva ley indica un procedimiento que debe seguirse, para garantizarles a los deportados sus derechos. Al no tenerse aún un reglamento que organice la aplicación de la nueva ley, no se tiene un procedimiento definido al respecto. Temo, entonces, que si se está supuestamente aplicando la nueva ley la misma no se estaría respetando y peor aún aplicándose sin un claro ordenamiento por falta precisamente del instrumento de aplicación, del reglamento. Si las deportaciones se producen en el marco jurídico de la ley de 1939, el reglamento de la misma indica un procedimiento que debe seguirse que tampoco se cumple, siendo este problema una de las críticas en que más han insistido las organizaciones de derechos humanos, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Voy más lejos. Si lo que las autoridades quieren es que en la práctica las deportaciones le faciliten el camino al necesario proceso de regularización migratoria que debe realizarse como condición de la aplicabilidad de la nueva ley, entonces deben decirlo. Pero en este caso, como se dice, están tirando al niño junto con el agua sucia de la bañera, pues previamente a las drásticas medidas que se están tomando, debe precisamente producirse un adecuado proceso de regularización migratoria como manda la nueva ley. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué se impone primero, la ley o la urgencia de las medidas represivas?
Lo que queda claro es que en esto las autoridades no sólo han sido torpes, sino que han actuado sin mayor plan que el de deportar al mayor número de haitianos, apoyados quizás en la errónea creencia de que con ello resuelven el grave problema de la masiva presencia de mano de obra extranjera en el país. Y aquí el asunto se escapa del marco policial en que se ha manejado siempre la inmigración haitiana, pues involucra a la economía. Lo ocurrido en Montecristi lo deja claro: en esa zona tradicionalmente han coexistido sin mayores tropiezos una masiva presencia de mano de obra haitiana que labora en los cultivos de la región con trabajadores dominicanos. Asimismo, las dos comunidades que han compartido esa franja fronteriza lo han hecho en condiciones pacíficas.
XENOFOBIA
Los agricultores dominicanos y las empresas agrícolas extranjeras que operan en la región y que demandan esa mano de obra han señalado el peligro de que los cultivos que en la región emplean mano de obra haitiana sufran serios problemas en la próxima cosecha. En el calor del conflicto, la reacción de algunos miembros de la comunidad dominicana en la región ha sido la retórica de la xenofobia, declarando que no permitirán que ningún haitiano trabaje en el ámbito agrícola en el área. Pero la realidad es que la ausencia total de la mano de obra inmigrante traería a su vez serios problemas a la región y con ello la propia comunidad sufriría. Se trata, pues, de un asunto delicado que requiere un enfoque distinto al que hasta ahora se ha dado a los problemas de la zona.
Gústenos o no, este lamentable problema fronterizo se está convirtiendo en un asunto de alcance internacional. El encargado de negocios de la Embajada Haitiana en el país pidió protección para sus nacionales, el embajador dominicano en Haití declaró que ambos pueblos mantienen buenas relaciones y que lo ocurrido en Montecristi no empaña esas buenas relaciones. Ante la insistencia de las deportaciones el gobierno haitiano cerró la frontera del lado de Juana Méndez. A esto se añaden las declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos que se han hecho eco de esta situación. Por otro lado, estos acontecimientos se han producido cuando el Presidente de la República hace un esfuerzo para que nuestro país tenga un papel más activo junto a las naciones latinoamericanas en la búsqueda de una salida democrática a la crisis que vive el vecino país. Las masivas deportaciones no ayudan a este propósito como lo ha demostrado la decisión misma del gobierno haitiano al cerrar en Juana Méndez su frontera.
Por otro lado, se presenta también un delicado asunto de derechos humanos en materia laboral. Una de las objeciones más reiteradas de importantes legisladores norteamericanos opuestos al DR-CAFTA se refiere a las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores centroamericanos y dominicanos, sobre todo los que realizan sus labores en empresas vinculadas a los beneficios potenciales de ese tratado. Los presidentes centroamericanos y el Presidente Fernández han declarado su compromiso de fortalecer los derechos laborales de los trabajadores en cada uno de sus países. Nuestro presidente acaba de realizar un exitoso viaje a Washington, entrevistándose junto a los presidentes centroamericanos con el Presidente Bush. No damos un buen rostro al seguimiento de lo conversado en Washington cuando en el país se deportan inmigrantes y se violan sus derechos, al mismo tiempo que nuestro presidente se compromete a fortalecer los derechos laborales de los trabajadores.
Por todo lo visto, lo que está ocurriendo en toda la Línea Noroeste, en poblados como Hatillo Palma, Juana Méndez, Enriquillo y otras comunidades fronterizas, no sólo debe llamar la atención de nuestras autoridades como en efecto ha ocurrido. Debe también implicar un cambio en la manera cómo hasta ahora se ha venido tratando el problema y sobre todo revela una vez más las consecuencias de una ausencia de un esquema moderno de política migratoria, que respete derechos humanos, sea eficiente en el control de los flujos migratorios, defina un marco regulador eficaz y respetuoso de los derechos laborales de los inmigrantes, modernice el control y vigilancia fronterizos e integre todo esto a un esquema de derechos humanos y desarrollo regional.
Lo ocurrido en Montecristi, más allá de lo doloroso del crimen perpetrado, de los abusos que tras las deportaciones se han producido, indica una vez más que nuestro país vive en un mundo global e interdependiente, que no podemos dar la espalda a la realidad internacional y que sobre todo para poder vivir en la nueva realidad del sistema mundial debemos principalmente ordenar nuestra propia casa, comenzando por producir el marco institucional y político que permita dar respuestas civilizadas a lamentables accidentes como los ocurridos en Hatillo Palma.
