Esteban Rosario
Los miembros de la policía, militares, funcionarios y empleados públicos dominicanos y haitianos no pierden la oportunidad para perpetrar todo tipo de actos de corrupción que derivan en situaciones graves de violación de los derechos humanos en la frontera Norte entre la República Dominicana y Haití.

Los dominicanos y haitianos residentes en esa zona cuestionan la falta de voluntad política para evaluar y sancionar los actos de negligencia y arbitrariedades que son denunciados para buscar soluciones y propuestas que permitan combatir los problemas de la corrupción institucional.

Esos datos aparecen en la investigación Situación de los Derechos Humanos en la Frontera Norte entre República Dominicana y Haití, coordinada por Vielka Polanco Morales.

En la misma también se establece que el comportamiento de los funcionarios civiles y militares, de ambos países, está matizado por la corrupción, la complicidad y la impunidad.

La investigación, publicada en francés y patrocinada por el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes, indica que los militares, policías y funcionarios dominicanos en la frontera Norte violan con más frecuencia los derechos humanos que los haitianos.

Los militares dominicanos son percibidos como los mayores violadores de los derechos humanos con un 57.9%, y los militares haitianos un 27.8%.

Los funcionarios o empleados que son más comúnmente percibidos en el República Dominicana como violadores de los derechos humanos son los militares, con (57.9%, y los policías con 31.26%.

En Haití, los más señalados son los policías, con 43.5%, los militares, con 27.8%, y los jueces, con 24.5%. Es importante recordar que no existen en Haití militares nacionales, lo que significa que los militares mencionados son los dominicanos, que mantienen una alta representación en la zona fronteriza, o los miembros de la Minustah, dice el estudio.

La población consultada en la frontera Norte, que está clasificada para el estudio, y que reside en Dajabón, Montecristi y Río Limpio, en la parte Norte de Elías Piña, estima que las instituciones responsables de la seguridad nacional responden a modelos de violencia y conflictos que se desarrollan en la franja fronteriza.

Pero destaca que existen debilidades en la formación de sus miembros, en los equipos, recursos, tanto militares y policiales, para los dominicanos como haitianos.

En segundo lugar, frecuentemente los miembros de las instituciones policiales y militares están asociados a los delincuentes, lo que genera un sentimiento de rechazo a la protección y de impotencia de parte de la población.

En tercer lugar son denunciados actos de abusos y de violencia realizados por la misma policía y las fuerzas armadas, a través de operaciones y de redadas, así como persecuciones y arrestos arbitrarios e ilegales, que han generado un aumento del rechazo a la confianza y que acentúa la tendencia a tomar distancia, desequilibrio y a la suspicacia en la relación entre la población civil y las autoridades públicas.

La investigación destaca que en el tráfico de personas, en especial, la llegada de los haitianos a la República Dominicana, se hace normalmente por diferentes partes de la frontera Norte, como los puentes, las riberas de los ríos y las comunidades fronterizas.

En ese contexto de entradas regulares, destaca la investigación, se ha constatado que los individuos, particulares y autoridades, cometen una serie de abusos que van desde el delito contra la propiedad privada como el robo de bienes y dinero, hasta los delitos contra la persona como el abuso psíquico y sexual.

Causas violaciones. Las causas de las violaciones de los derechos humanos en la frontera Norte están relacionadas con el sistema político y económico, la dinámica particular, la coyuntura actual, y el racismo.

En ese contexto, las causas socioeconómicas constituyen una de las principales para zona, donde los servicios sociales que existen son muy débiles.

Existe una estrecha relación entre la violación de los derechos humanos y las desigualdades sociales.

Los servicios sociales son precarios como el acceso a la educación, la salud, vivienda digna y la justicia.

El acceso a esos servicios, dice el estudio, está condicionado por las posibilidades socioeconómicas y las relaciones y lazos personales que el individuo pueda tener.

Las personas de estratos socioeconómicos más pobres son más afectadas y tienen menos posibilidades de buscar la protección judicial para sus víctimas.

Los sectores que tienen menores condiciones socioeconómicas reciben tratamiento de menor calidad, mientras que los de mayores ingresos disponen de mejores condiciones en la zona.

Más grave todavía, dice el estudio, estos sectores han perdido su capacidad de desarrollar sus estrategias, actitud propia de la cultura del silencio que ha acentuado el clientelismo y la asistencia y que se traduce en una comunidad que no demanda, se compadece, pero que no es capaz de tomar parte en la solución y las iniciativas ciudadanas para resolver sus problemas.

Racismo. Según el estudio, la sociedad dominicana ha desarrollado identidades marcadas por los prejuicios con sentimientos de rechazo al negro y de lo afrodescendiente, que provoca actitudes y prácticas, pensamientos y expresiones racistas y denigrantes, contra la población mulata y negra.

La discriminación, en particular en las comunidades dominicanas de la región fronteriza, no refrenda solamente un grupo étnico determinado, pero tampoco uno de nacionalidad dada: la haitiana.

Una ideología antihaitiana se ha desarrollado desde el comienzo de los flujos migratorios de haitianos hacia la República Dominicana, con un fondo histórico-nacionalista de rechazo a lo haitiano, dice la investigación.

Corrupción. La fragilidad institucional del Estado dominicano y haitiano en la frontera Norte ha favorecido las irregularidades y los actos de corrupción en la administración pública.

Los dominicanos y los haitianos perciben, de ambos lados de la frontera, que las autoridades son cómplices de los delincuentes y los traficantes.

Impunidad. Los moradores fronterizos cuestionan la impunidad, transmitida por un sentimiento de ausencia y de protección ciudadana y la falta de confianza en los servicios públicos, que se deterioran de manera progresiva en perjuicio de las difíciles relaciones entre la sociedad civil y las autoridades.

Denuncian que los casos de violación de los derechos humanos en la frontera Norte no son documentados por las autoridades militares y policiales y que cuando aportan pruebas, los responsables solamente son traslados de sus puestos.

También hablan de los pocos casos de violación de los derechos humanos que resuelve la justicia y el ministerio público en la franja fronteriza.

Todos esos casos contribuyen, dice la investigación, a crear un ambiente de impunidad propicia a las violaciones de los derechos humanos.

El estudio revela que de enero a julio del año 2007, perdieron la vida 100 personas de nacionalidad haitiana en territorio dominicano.

Cita que más de la mitad de los muertos, 53%, no se sabe quién o quiénes cometieron los hechos, el 7% fue cometido por una patrulla o un agente policial y el 8% de los casos se cometieron en Dajabón, Montecristi y Elías Piña, que representan el 36% del total de los homicidios y muertos violentos que han tenido lugar en esas provincias.

Estos datos son reveladores de la alta tasa de homicidios contra los nacionales haitianos en territorio dominicano, pero también de la impunidad de aquellos que los cometieron

Los más frágiles. Los grupos de la población fronteriza más frágiles son las mujeres, los migrantes, los pobres y los niños y niñas.

Las mujeres fronterizas son víctimas de abusos, violencia, justificadas y motivadas, por las diferencias biológicas frente a los hombres y por los valores y roles socialmente constituidos

Las mujeres son víctimas de la cultura machista y son discriminadas desde su niñez.

Los migrantes haitianos son vulnerables a los abusos y violaciones de los derechos humanos en la frontera.

Enfrenta la hostilidad abierta de una parte considerable de la población que se siente amenazada por el número creciente y no controlado de la migración haitiana.

Pero también de una parte de las autoridades que se percibe que son parte de la mafia que trafica de manera ilícita con los migrantes haitianos.

Los niños y niñas migrantes haitianos tienen un alto nivel de vulnerabilidad por estar sin papeles en la frontera, por su edad y la falta de protección. El estudio dice que el 22% de éstos, de nacionalidad haitiana y que viven en la República Dominicana, carece de papeles o documentos legales para su estadía en el país.

Las mujeres y los niños y niñas son los grupos poblacionales más vulnerables a la violación de los derechos humanos en la frontera Norte entre la República Dominicana y Haití, por su condición de mujeres y migrantes, de acuerdo con los resultados de la investigación.