Por más vueltas que se le dé no hay explicación política ni racional para que los poderes fácticos hondureños decidieran la chapucería del golpe de Estado del domingo 28 a sólo 5 meses de las elecciones presidenciales, sumiendo a Honduras en una crisis de graves repercusiones internacionales.

Como tampoco se puede entender con qué racionalidad se empeñaba el presidente Manuel Zelaya Rosado en realizar una consulta sin amparo constitucional que no contaba ni siquiera con un mínimo de apoyo en su propio partido pero sí con el rechazo del sistema judicial, el Congreso y las fuerzas políticas y sociales tradicionales.

Gran atraso y pobreza

Sólo el atraso político, la escasa cultura democrática y la miseria institucional de los principales actores y de la sociedad hondureña pueden explicar el intento del presidente Zelaya de realizar una consulta no prevista legalmente y sobre todo la chapucería del golpe de Estado militar-congresional que genera una crisis de gran magnitud.

Honduras aparece invariablemente entre los cuatro o cinco países más atrasados en términos económicos, políticos y sociales de los 35 que integran el sistema interamericano. Compite con Haití, Nicaragua y Bolivia en los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en la generalidad de evaluaciones internacionales.

Con una población menor que la dominicana, estimada de 7.8 millones de 5habitantes, asentados en un territorio montañoso de más de 112 mil kilómetros cuadrados, más del doble que República Dominicana, es un país de escaso protagonismo internacional, ya sea en la política o la diplomacia, en la literatura, las artes o los deportes.

Los informes del PNUD y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que casi dos tercios de los hondureños viven en niveles de pobreza, llegando al 85 por ciento en la zona rural que alberga el 53 por ciento de la población. Tiene una de las más altas tasas de crecimiento poblacional del continente. Su capital, Tegucigalpa, está virtualmente petrificada, hasta el punto que el impulso desarrollista se ha desplazado hacia San Pedro Sula que con un millón 600 mil habitantes la supera en 300 mil.

Como casi toda América Central y el Caribe, Honduras ha sido signada por la inestabilidad política y la debilidad de sus instituciones democráticas, aunque tenía 31 años de haber superado una cadena de golpes de Estado. El último había sido en 1978, cuando el general Policarpo Paz García depuso al coronel Juan Alberto Melgar Castro, quien había alcanzado el poder 3 años antes derribando al coronel Osvaldo López Arellano, que a su vez había encabezado el golpe de estado que el 3 de octubre de 1963 derribó el gobierno liberal y progresista de Ramón Villeda Morales.

Los sueños de Zelaya

Manuel Zelaya, 57 años, de una familia acomodada, ganó la presidencia en el 2005 postulado por el Partido Liberal, uno de los dos que se han disputado el gobierno hondureño por décadas. Inició su gestión en enero del 2006 con éxitos que determinaron un relativo crecimiento económico. A finales del 2007, atraído por los beneficios de Petrocaribe, cuando la carga del petróleo se hizo demasiado pesada, se acercó al eje que hegemoniza el presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró de izquierda y prosocialista y amistó con Cuba, lo que lo distanciaría progresivamente de los poderes fácticos hondureños, representados por Fuerzas Armadas, Iglesias, terratenientes, empresarios.

Ese salto pareció una ruptura en una sociedad muy conservadora, donde el pragmatismo represivo apenas guardó las formalidades democráticas, aunque no se envolvió en la guerra civil que afectó a sus vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala en las últimas cuatro décadas del siglo pasado. Con una base militar norteamericana, su territorio usado para el entrenamiento y la retaguardia de los Contras financiados por Estados Unidos para enfrentar al gobierno sandinista de Nicaragua.

En la medida en que se acercaban las elecciones presidenciales programadas para noviembre próximo, Zelaya fue corroído por el virus político del continuismo, pero tropezaba con un amarre constitucional desproporcionado que prohíbe la reelección, y no deja posibilidad a modificarla en ese sentido, llegando a sancionar a quien lo proponga. De ahí que se haya considerado inconstitucional el referendo convocado por el presidente Zelaya que no era todavía para modificar la constitución, sino para que el pueblo dijera si se podía realizar una consulta sobre ello, con una boleta adicional en la elección presidencial de noviembre.

Desde aquí no se entiende qué ganaba Zelaya, pues de ninguna forma se podría repostular en noviembre. Peor aún que insistiera en realizar la consulta del domingo 28 después de la prohibición de la misma por parte de la Corte Suprema, del Consejo Electoral y de la Asamblea Nacional, de los jefes militares e incluso con la hostilidad de su propio partido y de los poderes fácticos que lo acusaban de populista. Aparentemente un cierto respaldo popular le hizo perder las perspectivas y aferrarse al criterio de que en la democracia ninguna consulta al pueblo puede considerarse delictiva. Pudo basarse en la jurisprudencia colombiana donde la Suprema Corte autorizó una boleta adicional para una consulta que abrió las puertas a la elección de una asamblea constituyente en 1991.

Un peor absurdo

Si la persistencia presidencial en su consulta o encuesta como él le llamó, podría ser absurda y hasta ilegal, caía en el plano jurídico y podría ser dilucidado en una corte constitucional, en la Suprema Corte o en la Asamblea Nacional, escenarios en los que sus opositores tenían las de ganar. Eso procedería sobre todo en caso de que el mandatario consumara el acto inconstitucional intentando aplicar el resultado de una encuesta que no era realizada por el organismo electoral.

Pero el imprudente absurdo político presidencial fue respondido con un acto muchas veces peor, cuando se ordenó secuestrar al presidente Zelaya de su residencia, meterlo en un avión y deportarlo para Costa Rica, sin siquiera dejar que se cambiara la pijama de dormir. No sólo se violaron los derechos constitucionales del mandatario y se rompió con la fuerza militar el orden jurídico, sino que también se violaron los derechos de la población que lo eligió y se impuso una censura sobre los medios de comunicación, cortaron la energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones y se suspendieron derechos ciudadanos universales.

Eso y la posterior actuación del Congreso demostró que el golpe político-militar no estaba inspirado en la preservación del orden constitucional, sino en el deseo de salir precipitadamente y a cualquier costo de Zelaya. Hay quienes creen que allí confluyeron diversos intereses regionales que de esa forma querían golpear no solo al mandatario hondureño sino también a sus nuevos aliados, especialmente al presidente Chávez.

Todo fue tan absurdo e irreflexivo que el Congreso Nacional aceptó la renuncia del presidente Zelaya en base a una carta falsa leída en la sesión cuando ya hacía horas que el mandatario deportado denunciaba el golpe de estado desde Costa Rica. Designado sucesor, Roberto Micheletti llegó a decir que la actuación militar obedeció a una orden judicial, improvisando así un nuevo ordenamiento constitucional.

La Carta Democrática

Es obvio que en la crisis hondureña faltó capacidad para medir las consecuencias de los actos tanto en el presidente Zelaya como en los golpistas, sumiendo a esa nación pobre en una crisis política que puede conllevar también consecuencias sociales y económicas si no se rectifica atendiendo al contexto internacional.

Los golpistas para nada tuvieron en cuenta los compromisos contenidos en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 19 sanciona la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro.

Para nada pensaron que el contexto internacional imponía sancionar un golpe de Estado, como lo hicieron de inmediato el Sistema de Integración Centroamericana, el Grupo de Río, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de las Naciones Unidas, la Unión Europea y todos los gobiernos e instituciones democráticas.

No será fácil que los golpistas cedan, ya que su actuación tiene una carga emocional, subjetiva e irracional significativa. Al fin de cuentas los poderes tradicionales apenas habían sido amagados por el gobierno. Puede esperarse que persistan en la vía ya anunciada por Micheletti: simplemente salir del lío adelantando las elecciones de noviembre. Pero en cuánto tiempo pueden precipitarlas, si sólo faltan poco más de 4 meses, el tiempo preciso para poder organizarlas en un país pobre y de instituciones débiles. Con el agravante de que la alternativa constitucional de sucesión quedó comprometida y quemada con el golpe.

En Honduras se han metido en honduras, porque tampoco será fácil para la OEA lavarse las manos, sobre todo teniendo a Chávez y su Alba a la ofensiva, y es obvio que Estados Unidos no quiere dejar ese espacio al beligerante y carismático gobernante venezolano.