Es un lugar común recordar que la Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro de los tres pactos, establecía el fiscal incluyendo un cronograma con metas de presión tributaria, sin embargo, los gobiernos que amagaron con la reforma la debieron retirar y la pospusieron y entonces cabria la pregunta acerca de la necesidad o no en estos momentos de una reforma y en principio hay variables que la justifican y otras que deben ser premisas para justificarla.

De acuerdo a un informe de la Cepal (2024) mientras el promedio regional de la presión tributaria es 21.5% del PIB, en RD es de 13.9%, solo Guyana y Panamá están por debajo, sin embargo, estos datos hay que tomarlos en el contexto de que muchos países incluyen en la presión tributaria los aportes a la seguridad social o ingresos tributarios provenientes de grandes explotaciones mineras.

Si nos atenemos al ratio Deuda/PIB, disminuyendo como proclaman desde el gobierno, parecería innecesaria la reforma fiscal con una relación de 45.1% del PIB (deuda Sector Público no Financiero) con un monto de US$55,698.0 al mes de abril 2024, sin embargo, la deuda o los intereses de la deuda no se pagan con el PIB, sino con los ingresos fiscales y para 2024 el pago de los intereses representan el 3.6% del PIB (mayor gasto después de educación) y el 25% de los ingresos tributarios, mientras las fuentes financieras (amortización de la deuda más intereses) equivalen al 4.7% del PIB.

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A esa deuda del SPFN cuando se agrega la del Banco Central, en el entorno de los US$17,370 millones, equivalente al 14% del PIB, estamos hablando que la deuda consolidada asciende a US$73,068 millones, equivalente al 59.1% del PIB.

La reforma fiscal es necesaria para reducir el déficit fiscal, que se financia con deuda interna y externa; garantizar resultados primarios mayores (gasto total menos pagos de intereses) y fortalecer la sostenibilidad de la deuda, además de permitir a los gobiernos contar con mayores recursos para la salud, la seguridad ciudadana y la construcción de infraestructuras.

Ahora bien, si se logra ese complejo objetivo de elevar de manera sostenida la presión tributaria, sin ahogar el aparato productivo ni exprimir a la clase media y los sectores de menores ingresos, volveremos al punto de partida de los mismos niveles de déficit presupuestario si no se resuelve el hoyo eléctrico, con perdidas crecientes que consume una media de US$1,600 millones anuales y si seguimos cebando la nómina publica, otorgando pensiones a personas que no califican o seguimos aumentando los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de la reducción de la pobreza.

Debe mejorar la calidad del gasto por ello es necesaria una Ley de Responsabilidad Fiscal que coloque un piso al gasto primario y un techo al déficit fiscal, así como métricas para control del gasto corriente.

Hay recursos con la reducción de la evasión, la elusión y ciertas exenciones impositivas, pero ese proceso es sumamente gradual y demanda de tecnología y voluntad política para abordar a los grandes evasores y la parte más compleja, convertir en contribuyentes a ciertos profesionales, mipymes informales y trabajadores por cuenta propia.

La Reforma Fiscal no puede gravar los productos de la canasta básica, no debe aumentar las tasas del Impuesto sobre la renta, no puede sobrecargar los contribuyentes de la clase media, deben tributar los que más pueden y no puede ser otro parche impositivo.