POR ODALIS MEJIA
Más de un millón y medio de habitantes del país no cuentan con acceso a servicios de agua potable por acueducto; más de 400,000 no disponen adecuadamente sus excretas (carecen de letrinas o filtrantes) y cerca del 70% de la población que reside en los núcleos urbanos dispone sus aguas residuales en el subsuelo. Un informe de Medio Ambiente dice que estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la calidad de los servicios de saneamiento.

También la cobertura de agua al interior de los domicilios bajó de 45 a 37% debido a los problemas generados por los grandes conglomerados  humanos en aumento alrededor de las grandes ciudades. Las zonas más pobres del país cuentan con servicios más deficitarios.

Tales conclusiones se encuentran en el informe sobre la situación del país de cara al Objetivo del Milenio, número siete, que trata sobre garantizar la sostenibilidad ambiental, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente.

Señala que la situación actual de los servicios de agua potable y saneamiento dista mucho de la deseada.

Además, el documento indica que las políticas y estrategias aplicadas en el desarrollo del sector agua potable y saneamiento han ocasionado que la elevada asignación de recursos a las instituciones por parte del gobierno central haya tenido un impacto limitado  sobre la salud y el bienestar de la población debido a la ineficiencia y la ausencia de planificación.

El informe advierte que el desafío de la sostenibilidad  se hace necesario un cambio de paradigma. “Las preguntas que debemos formularnos ya no son cuánto cuesta  conservar el medio ambiente o conservar las áreas protegidas y proteger la escasa cobertura vegetal. Hoy, cuando millones de dominicanos sobreviven con menos de un dólar por día, hay que entender la importancia fundamental del uso sostenible de la biodiversidad”.

Dentro del  objetivo ambiental, el país tiene tres metas de cara al 2015: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible de agua potable y servicios de saneamiento; y  haber mejorado la considerablemente la vida de 235,000 habitantes de asentamientos precarios.

En el caso de la primera meta a nivel nacional se identificaron 10 necesidades, 26 intervenciones y 38 acciones. Para su materialización de presupuestó un monto de US$323,439,750 en 15 años y que serían obtenidos a través de 12 fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras.

Entre las acciones se definieron: el establecimiento de un modelo de contabilidad de agua en el sistema de cuencas nacionales, focalizar acciones en la cuenca del Yaque del Norte, erradicar el uso de combustibles sólidos e incrementar el uso de energía renovable, iniciar un proceso acelerado de formulación de políticas públicas en el sector ambiental y de recursos naturales.

También, se propone implementar estrategias y planes que equilibren la balanza entre el ser humano y la naturaleza, puesto que el modelo de desarrollo tradicional que se ha implementado en el país no ha satisfecho las necesidades básicas  de una población que se multiplica exponencialmente y cada día ejerce una presión sobre la biodiversidad.

Para la segunda meta, Medio Ambiente presupuestó US$3,211.8 millones a través de 15 intervenciones en todo el país, priorizando las regiones IV, VIII y VI de Salud Pública, que abarcan 10 provincias del sur y la frontera,  identificadas como las de mayor prevalencia de diarreas, con menores niveles de calidad de los servicios de  agua potable y saneamiento y en las cuales residen 1,037,400 habitantes.

Además se planteó mejorar la calidad del agua para el consumo y su control; disminuir las pérdidas en las entidades prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado; implementar un proceso de reforma en ese sector. 

En tanto que la tercera meta de mejorar considerablemente la vida de 235,000 habitantes de asentamientos precarios, Medio Ambiente estimó un conjunto de intervenciones con un costo de US$355,952,800 para ser destinados mejoramiento  de calidad de la vivienda, regularización de  la tenencia de la tierra, reubicación de viviendas en zonas de inundación, dotación de áreas verdes, de drenaje pluvial y alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, de infraestructura vial, sistema de recogida de basura y guarderías infantiles.