El presidente Medina reclamó a la OEA un desagravio a la República por la intervención de 1965. Los ciudadanos y los medios de comunicación celebraron esa petición que se entendía como justa y oportuna. La OEA correspondió aprobando una resolución a tal efecto.

Sin embargo, para los que seguimos atentamente la acción de nuestro gobierno en el plano internacional, esa postura tiene mucho de maniobra de distracción.

La actuación de la OEA en 1965 fue servir de comparsa, mediante la creación de la Fuerza Interamericana de Paz, para convalidar la invasión de los EUA, que constituyó una violación flagrante del derecho internacional.

Es irónico, pero el gobierno que pide desagravio a la OEA por un hecho ocurrido hace 50 años, conoce plenamente que la soberanía y la autodeterminación de la República están siendo desconocidas y violentadas en el presente, precisamente por los EUA, al través de los órganos de la OEA.
Aquella agresión fulminante fue militar y brutal, recibiendo una amplia condena internacional. Ésta, en cambio, es de otra índole: más hipócrita e insidiosa, tiene el objetivo, en nombre de la protección de los DDHH, de despojar al Estado de la prerrogativa de definir quiénes son sus nacionales, deshaciendo la sentencia del TC 168-13 sobre nacionalidad y migración.

Estados Unidos, que mueve tras bastidores desde hace años la acción de la CIDH y la Corte, sabe que en la Isla de Santo Domingo no hay casos de apatridia, sino de indocumentación. Haití no ha querido o no ha podido dar documentos de identidad a sus nacionales, en violación al acuerdo vigente con República Dominicana desde 1938 y el modo operandi de su aplicación.

Para lograr ese propósito se han empleados muchos recursos blandos y duros de poder, incluida, una implacable campaña de desprestigio que nos estigmatiza como el apartheid del Caribe, tierra de xenófobos y antihaitianos, con racismo estructural, cuyo Tribunal Constitucional perpetró un genocidio civil.

El presidente Medina recibió al Secretario Kerry a solas, o para decirlo con propiedad, sólo con el traductor. El gobierno dominicano no reveló lo tratado, empero el vocero del Departamento de Estado informó que trataron la cuestión de la migración haitiana y la necesidad de eliminar el riesgo de apatridia.
La realidad tremenda y dolorosa que se quiere silenciar es que esos poderes pretenden que la República asuma obligaciones que no le corresponden: documentar por diferentes vías como dominicanos a cientos de miles de haitianos, en violación a la Constitución.
¿Hay motivos para celebrar?