La actual Junta Central Electoral (JCE) ha dado muestras de que está dispuesta y en condiciones de usar las facultades que le confiere la Constitución para poner bajo control la precampaña y la campaña electoral, sus costos y duración, así como garantizar equidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos. Para esos fines, la institución recurriría a la elaboración de un reglamento contentivo de los parámetros necesarios para el ejercicio de esos controles.
Sin embargo, lo ideal será que del Congreso emanen sendas leyes, una de Régimen Electoral y otra de Organizaciones Políticas, que permitirían afianzar las facultades que tiene la JCE por mandato constitucional. La renuencia exhibida hasta ahora por los partidos y sus representantes en el Congreso ha impedido que el país cuente con estas dos leyes esenciales, vitales, para el sistema democrático dominicano.
En la coyuntura actual es un gran logro que la JCE esté en disposición de apelar a las facultades constitucionales desdeñadas por sus antecesores y que permitiría reglamentar aspectos nodales del ejercicio de los partidos políticos y de las garantías de equidad que deben rodear la actividad proselitista. Esta vez, el Congreso debe actuar con sano juicio y en función de las necesidades de la democracia. Hay que apuntalar con leyes los poderes de la JCE.

Municipios bajo asedio sanitario

En los municipios del Gran Santo Domingo se acumula la basura por la precaria fluidez del vertido en el basurero de Duquesa, situación que entraña una grave amenaza sanitaria para por lo menos tres millones de ciudadanos. Y en el municipio de Santiago ocurre algo similar, debido a que el basurero de Rafey lleva más de un mes ardiendo y dispersando gases tóxicos en la atmósfera. En ambos casos se ha prolongado más de lo debido el problema ambiental y sanitario de gran envergadura que afecta a estas demarcaciones.
A pesar de que son diferentes las circunstancias que determinan la situación en Duquesa y en Rafey, el común denominador es el conjunto de pasivos ambientales y peligros para la salud que se generan en torno a estos vertederos pésimamente manejados. La magnitud de la incompetencia está a la vista.