Hoy 
La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) ha decidido recurrir al método de las protestas callejeras para tratar de lograr que el Gobierno pague unos 500 millones de pesos que adeuda a ese sector por concepto de pignoración de arroz.
Además, los arroceros organizados afirman que están perdiendo un promedio de RD$2.50 en cada kilo que producen y que por esa causa y la falta de pago estaría en riesgo la próxima cosecha.
Esos y otros factores de mercado, como las importaciones de este cereal y los excedentes de cosecha, están colocando en desventaja a los productores locales de arroz.
La movilización callejera es un recurso al que apelan aquellos que no consiguen la satisfacción de sus reclamos a través del diálogo.
No parece razonable ni justo que un sector productivo tenga que valerse de la fuerza para exigir lo que legítimamente le pertenece.
Alguien del Gobierno ha debido acercarse a los arroceros para negociar algún acuerdo de pago que les garantice poder saldar las acreencias de la cosecha y ejecutar la próxima siembra. Además, hay que buscarle mercado a los excedentes de arroz.
No parece haber justificación valedera para este retraso en el pago de la pignoración de arroz.
Un traslado preocupante
La Dirección General de Prisiones debería rectificar la decisión mediante la cual dispuso el traslado hacia una prisión en mal estado en Higüey de 85 mujeres que guardaban prisión en recintos de La Romana y El Seibo.
Denuncias de familiares de las presas, que fueron corroboradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirman que la cárcel de Higüey está en pésimo estado, carece de sanitarios y de servicio de agua por tubería, entre otros inconvenientes.
Ninguna autoridad tiene derecho a empeorar las condiciones de encierro de gente sometida a la Justicia y privada de la libertad por haber violado las leyes.
En el caso que nos ocupa, el estado en que se encuentra la cárcel de Higüey puede significar un castigo extralegal para las reclusas. Prisiones debería rectificar sus pasos.
