Hoy 
El desastre provocado por el catastrófico terremoto que sacudió el pasado martes a la República de Haití, debe ser una señal de alerta para que las autoridades nacionales y la sociedad dominicana en general reflexionemos sobre lo que hemos estado haciendo en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres.
Como parte de estas reflexiones, considero relevante pasar revista, a la inversión pública destinada para prevención y respuesta frente a la ocurrencia de eventos como los de Haití, dados los elevados riesgos de desastres que nos asechan, sobre todo los relacionados con huracanes o tormentas tropicales y los asociados a fallas geológicas. Si bien es cierto que desde los lamentables acontecimientos del huracán David en 1979, el Sistema de Prevención y Respuesta frente a Desastres del país ha mejorado sustancialmente, también lo es el hecho de que los recursos que se destinan para estos fines parecen insignificantes frente a los elevados riesgos a que estamos expuestos.
El total de recursos presupuestarios apropiados para las instituciones y programas llamados a prevenir y enfrentar situaciones de desastres nacionales, en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2010, es a apenas unos 532.7 millones de pesos. Este monto, que es equivalente a poco más o menos una séptima parte del 1% del gasto total presupuestado, pone al desnudo el verdadero desastre del sistema nacional de emergencia y la indefensión en que nos encontramos como país, a pesar de estar en la ruta de tormentas, huracanes y fallas geológicas.
La revisión de las cifras contenidas en la Ley de Gastos Públicos para el 2010 muestra que las cinco instituciones gubernamentales responsables de la prevención, respuestas y mitigación ante desastres, así como todas actividades de la secretaría de Salud cuentan con presupuestos pírricos para cumplir con sus misiones y dar respuesta a situaciones como las que les ha tocado enfrentar a nuestros hermanos haitianos.
Pese a la importancia de la misión que tienen asignadas, de la gran cantidad de personal y equipos que requieren para sus labores y de los riesgos que tienen que prevenir y enfrentar, la Comisión Nacional de Emergencia, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, que junto a los cuerpos de bomberos representan el gruesos de las dependencias oficiales responsables de la prevención y respuestas frente a situaciones de desastres, tienen aprobado un presupuesto conjunto para el 2010 similar al que le corresponde al Despacho de la Primera Dama.
Los cuerpos de bomberos, cuya función principal es la de dar respuesta a eventualidades de fuegos, así como labores de rescate y socorro en sentido general, se le consignaron fondos en el presupuesto por un total de 159.9 millones de pesos. De este monto el 61.2% está destinado a los cuerpos de bomberos del Distrito Nacional y los tres de los municipios de la provincia de Santo Domingo. Un dato que resulta curioso es que los recursos presupuestarios destinados a los cuerpos de bomberos del resto de los municipios del país, excluyendo los mencionados y los municipios de Boca Chica, Pedro Brand, Los Alcarrizos, San Luis y Guerra, es de tan solo 19.1 millones de pesos.
En el Programa de Salud Colectiva de la secretaría de Salud se contemplan tres actividades que tienen mucho que ver con situaciones de desastres, como son la de Vigilancia Epidemiológica, la Atención a las Emergencias y Desastres y la de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, a las que se destinan fondos para 2010 por un monto de 104.1 millones de pesos. Como puede advertirse, el presupuesto que se destina para prevención y respuestas ante situaciones de desastres en la República Dominicana, no guarda proporción con los niveles de riesgos que la ubicación geográfica y las condiciones de existencia de miles de familias que tienen que vivir por obligación en zonas altamente vulnerables.
El artículo 22 de la Ley 147-02, Sobre Gestión de Riesgos y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres; señala que la Comisión Nacional de Emergencia recibirá asignaciones presupuestarias dentro del presupuesto anual del país, para su funcionamiento operacional y la realización de las tareas que le compete en prevención, mitigación y respuesta ante desastres. Y enfatiza esta ley que: La Comisión Nacional de Emergencias contará con un equipo técnico permanente integrado por funcionarios calificados, para dirigir y orientar las áreas de estudio técnico, científico, económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional, con fines de ayudar a formular y promover las políticas y decisiones del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.
Paradójicamente, los recursos aprobados en el presupuesto para el años 2010 de la Comisión Nacional de Emergencia para cumplir con tan extensas y especializadas funciones es de 35 millones 384 mil pesos.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos, crea el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres, con objeto de captar y administrar asignaciones del Presupuesto nacional, contribuciones y aportes financieros efectuados a cualquier título para Gobierno e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras
El párrafo I del referido artículo enfatiza que: Este fondo nacional debe contar con recursos suficientes que permitan no solamente el apoyo complementario a las entidades nacionales y locales en sus esfuerzos institucionales para la prevención, mitigación y respuesta ante desastre, sino para mantener reservas económicas que le permitan al Gobierno central contar con recursos de disponibilidad inmediata después de la ocurrencia de un desastre. A propósito de lo anterior, habría que preguntarse: ¿cuánto tiene acumulado el fondo correspondiente al uno por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno central para emergencia e imprevistos, que establece el artículo 33 de la Ley 423-06?
La cifra
35.3 millones de pesos.Son los recursos asignados en el Presupuesto de 2010 a la Comisión Nacional de Emergencia para cumplir sus extensas y especializadas funciones.
