Los dominicanos debemos trabajar por ponerle límite a la posibilidad de reelegirse desde el poder. Es necesario esforzarnos para lograr que la Constitución solo pueda ser modificada para adaptarla a los cambios de los tiempos. En nuestra vida institucional, nuestra Carta Magna ha sufrido modificaciones casi exclusivamente para acomodarla a los apetitos continuistas de políticos de turno que han actuado contra los principios de alternabilidad en el poder basada en el juego democrático.
Más allá de lo retórico, debemos apreciar y hacer valer que la Constitución contenga elementos favorables a la alternabilidad en el mando, para evitar que autoridades prolonguen en el tiempo su ejercicio, con todos los riesgos que esto conlleva en un país de pobre cultura política y débil institucionalidad. Hay que tomar en cuenta que como regla general, universalmente, el ejercicio del poder contiene el riesgo de generar comportamientos de violación ética por el solo hecho de prolongarse en el tiempo.
Tenemos que blindar nuestra Constitución tomando en cuenta que el saldo de las reelecciones presidenciales en este país ha sido negativo, cuando no nefasto, y que mantuvo la tendencia de menoscabar en diversos grados la esencia de la democracia, una cualidad de nuestra Carta Magna que debe estar blindada contra esos apetitos.

Agresión contra la libertad

Transportistas de carga agremiados han vuelto a ejercer acciones de fuerza contra la libre circulación de vehículos que no pertenecen a sus sindicatos. Han vuelto a incurrir en una crasa violación a la libertad de movimiento. Están cometiendo una interferencia ilegal contra el legítimo ejercicio empresarial de manejar sus cargas con medios de transporte elegidos libremente o que formen parte de su estructura operativa. Estamos ante nuevas exigencias monopólicas que no encajan en el ambiente que ha creado el país para facilitar el comercio y los negocios.
El bloqueo de las vías de acceso a puertos que están cometiendo estos transportistas se inscribe en un estilo proscrito por las leyes. Es necesario que la autoridad imponga cuanto antes el debido respeto a la libertad empresarial.