Frecuentemente nuestro intercambio comercial con Haití se ve afec- tado por decisiones unilaterales que nos perjudican. Cuando en galleras locales se detectó gripe aviar, el Gobierno haitiano prohibió las importaciones de pollos y huevos dominicanos y mantuvo esa prohibición a pesar de que el Gobierno dominicano demostró que nuestras granjas estaban libres de la gripe.

Entonces se supo que la traba fue para beneficiar a un funcionario haitiano que importaba pollos y huevos desde Miami, aunque a los consumidores haitianos  les resultaban  mucho más caros que los dominicanos. Haití también ha impuesto trabas por medio del cobro de  peajes excesivos a los camioneros dominicanos, y ahora se hace por vía de aranceles no menos exagerados, además de  lentitud y complicaciones en trámites aduanales para permitir el ingreso de ciertos productos dominicanos.

Todos estos inconvenientes y perjuicios tienen un origen: la informalidad de nuestro intercambio comercial con Haití. No sería  provechoso que  diéramos a los haitianos el mismo trato que nos dan. Lo inteligente es expandir y fomentar el comercio transfronterizo y es en esa dirección que debemos dirigir nuestras estrategias. Definitivamente, los dos estados necesitan  alcanzar un tratado comercial con reglas claras y precisas, que ponga fin a estas trabas injustificables.

Que se actúe con transparencia

El Gobierno está en el deber de dar a conocer todos los detalles de las negociaciones que encamina para vender a Venezuela el 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). El país debe conocer las ventajas y desventajas de esta operación y que estén bien claras las implicaciones constitucionales, comerciales y  políticas de una operación de esta categoría. Hay que conocer en detalles las características de esta sociedad biestatal.

Mucho antes de cualquier acuerdo definitivo, conviene que los términos de la sociedad que se negocia queden bien claro. Hay quienes sostienen que esta venta de una porción de un patrimonio del Estado dominicano a otro Estado entraría en conflicto con la Constitución, aunque es bueno observar que la Carta Magna está en proceso de modificación. Lo  innegable es que el Gobierno está negociando con otro Estado un patrimonio estatal y en eso debe ser transparente.