A un año de las elecciones generales de 2016 la Junta Central Electoral afronta graves restricciones presupuestarias, como era de esperarse por asignarle en 2015 el mismo presupuesto que 2014, debiendo tomar medidas heroicas como despedir 300 empleados y suspender los pagos por publicidad. En vista de las múltiples responsabilidades de la institución y la complejidad del próximo evento comicial es necesario el gobierno localice las fuentes de los recursos adicionales para garantizar un proceso pulcro y transparente como han sido los últimos.

El presupuesto aprobado para 2014 ascendió a RD$3,955.9 millones y sorpresivamente el presupuesto de este año es idéntico al del pasado, cuando este se trata de un año pre-electoral donde debe iniciar el cronograma de actividades para concluir en mayo 15 con las elecciones generales.

Es la primera elección desde 1994 donde todas las autoridades públicas serán electas simultáneamente y la primera en la historia del país donde todas serán electas de forma directa. Más de cuatro mil cargos que comprenden el Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, diputados (por circunscripción), diputados de ultramar, alcaldes, vicealcaldes, regidores y por primera vez serán electos por voto directo los directores, subdirectores y vocales de Juntas Municipales.

En mayo de 2016 tendremos una boleta nacional (la presidencial), pero también habrán boletas provinciales (para los senadores), boletas por circunscripción (para los diputados), boletas municipales e incluso para los Distritos Municipales. Solo el diseño de tanta diversidad de boletas y su distribución demandará de una solida logística.

Resulta que la responsabilidad de las presentes autoridades no se limita organizar las elecciones más complejas y concurridas en la historia política del país. La JCE se encuentra en la fase final de la cedulación que ha permitido limpiar definitivamente el padrón electoral, también en la auditoría del Registro Civil ordenado por la histórica sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y, en adición, el organismo ha jugado un papel estelar en el proceso de regularización ya que aportó los equipos y una parte del personal. Vale decir que solo por la sentencia histórica del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14 la JCE ha debido asumir responsabilidades y costos que no están en el presupuesto para este año.

Las actuales autoridades de la JCE, encabezadas por su Presidente Roberto Rosario Márquez, han realizado una labor extraordinaria y eso les ha merecido el reconocimiento mundial, hasta tal punto que varios organismos similares de Centroamérica han requerido de la asesoría, el apoyo y hasta el uso de sus equipos.

Si pretendemos que las elecciones generales del próximo año sean la continuación de procesos transparentes, donde se conozcan los resultados en un tiempo prudente, donde no asome la sombra del fraude, es necesario que el gobierno localice los recursos, si es necesario rebajando a otras instituciones, con la finalidad de que el organismo electoral inicie con pie firme el preparativo de los comicios próximos y concluya con éxito la dotación de la cédula a todos los votantes, la auditoría del Registro Civil y el plan de regularización.

Es cierto que el gobierno no dispone de holgura presupuestaria (RD es el país de menor presión tributaria en la región con excepción de Guatemala) pero por el bien de la democracia el Presidente Danilo Medina debe recibir a los miembros de la JCE y asumir personalmente la solución de la crisis presupuestaria. El tiempo avanza aceleradamente hacia el 15 de mayo de 2016.