El Gobierno no acaba de entender lo que se discute del llamado “paquetazo del conconete”. No es el tamaño del gobierno, ni que la presión fiscal es baja, ni que el desarrollo necesita financiamiento. Esa no es la discusión. Ahí estamos de acuerdo.

El problema es que la economía dominicana recibió un choque de gasto de RD$141 mil millones. De RD$333.8 mil millones en 2011 a RD$475.6 mil millones en 2012 (sin considerar el pago de la deuda). Ese desorden fiscal se produjo por unas elecciones, donde un grupo de políticos tomó la decisión de comprar impunidad a cualquier precio, aunque ello significara empobrecer a toda la población, aplicando luego una reforma impositiva para que el pueblo pague.

Nos dicen que el déficit es estructural. No es cierto porque un fenómeno estructural en economía se expresa en forma inercial, estable y persistente. No da un salto como ocurrió entre 2012 y 2011, cuando creció en 46%, unas 5.4 veces el promedio de los dos años anteriores.

Nos dicen también que el “paquetazo” refleja la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Las leyes hay que cumplirlas por la ciudadanía y por funcionarios públicos, aunque sean del PLD. Sin embargo, cuando los políticos decidieron gastar más de lo que debían, violaron la Constitución (artículo 236), la Ley de Orgánica de Presupuesto, la Ley 294-11 y la 174-12, la de compras y quién sabe cuantas más y no ha pasado nada con los responsables de esas decisiones. El Gobierno, ni siquiera ha planteado los correctivos para que eso no vuelva a pasar. Entonces, qué garantías tiene la ciudadanía de que mañana el mismo u otro grupo de políticos se “aloquen” y empiecen a gastar sin control para reclamar luego otro paquetazo y generando más privaciones al pueblo dominicano. Mientras no se corrijan las circunstancias que permitieron esta locura no se le puede dar un centavo adicional al Gobierno.

Se habla de que el Estado debe gastar más y por lo tanto hay que montarse en el nivel de 2012. El tema es gastar con eficiencia y calidad. El aumento de 46% de gasto apenas produjo un aumento de 3.8% de crecimiento del PIB. Pero además, lo ocurrido en 2012 es excepcional y no se puede tomar como base para el cálculo del presupuesto de 2013. La base debe ser 2011 y el CES plantea un aumento de 23% pero el gobierno pretende un aumento de 41%, casi igual al de 2012, como si se siguiera en campaña política. De repetirse los gastos del 2012 en el 2013, se convertiría una situación excepcional en algo cada vez más estructural.

El riesgo es caer en otro hoyo mañana; hay que corregir lo que está mal.