El sector inmobiliario dominicano, entendida como la industria de construcción de unidades habitacionales, se puede decir que arrancó con el nacimiento de las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos hipotecarios, pero ese sector en las últimas dos décadas, impulsado por un importante mercado de alta clase media, dominicanos en el exterior e inversionistas extranjeros, ha crecido de una forma tal que ha introducido cambios urbanísticos trascendentales en las ciudades principales y realizado aportes importantes al crecimiento económico.

“Cuando el albañil trabaja la economía crece”, dice un viejo adagio y  no es accidental que el pasado año dentro de las medidas monetarias dirigidas a estimular el crecimiento del crédito y reactivar la economía, se liberaron recursos del encaje legal a los bancos múltiples y el resto del sector financiero por un monto de RD$19,697 millones y de ese monto se dedicaron RD$7,664 millones a préstamos hipotecarios para los adquirientes de viviendas.

El sector construcción y específicamente el desarrollo de unidades habitacionales es una industria conectada de manera directa con el sector financiero, vía los préstamos interinos al constructor o al adquiriente, constituye un demandante de productos del sector comercial e industrial, es un gran generador de empleos directos e indirectos y en los últimos tiempos de divisas.

Dicho todo lo anterior debe mover a preocupación los últimos escándalos ligados al narcotráfico en donde estos son adquirientes de torres lujosas, como el caso Figueroa Agosto,  o el desarrollo de proyectos como fue el caso de la torre Atiemar, y debe mover a preocupación porque sin son mal manejados por las autoridades podrían provocar que potenciales adquirientes de inmuebles se retiren del mercado o potenciales inversionistas extranjeros en estas unidades o en la construcción opten por hacer negocios en otros destinos.

Es peligroso generalizar y recientemente un Procurador Adjunto declaró que  muchas torres lujosas se construyen en base al lavado  por personas “sospechosas” y el colmo es que el mismísimo encargado de la Unidad Contra Lavado de la Procuraduría  cuestionó el curso de la investigación en el caso Atiemar, declarando que si hubiese estado bajo su autoridad habrían muchos presos porque “muchas empresas, constructoras, abogados, ingenieros y arquitectos están comprometidos con el lavado”.

Es deber de las autoridades mejorar los niveles de inteligencia financiera, Impuestos Internos también puede hacer lo suyo, los promotores no recibir pagos en efectivo y conocer a sus clientes, pero es importante evitar declaraciones irresponsables de funcionarios que con sus generalizaciones pueden hacer hacen daño a un sector tan dinámico de la economía en donde laboran cientos de empresas y profesionales dominicanos que han edificado millares de unidades con recursos legítimos e inversionistas extranjeros honestos que han depositado su confianza en la estabilidad y el futuro del país.