POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Los sectores más preocupados por los avances democráticos en la sociedad dominicana deben ponerse en alerta ante los intentos de las cúpulas partidarias por eliminar el voto preferencial por los diputados implementado con éxito en las elecciones congresionales y municipales del 2002.

Aunque el voto preferencial no sea una panacea democrática, representa una mayor garantía de que el elector pueda escoger su representante en la Cámara de Diputados, en vez de hacerlo la dirección del partido por el orden de colocación en las boletas, como predominó hasta las elecciones de hace 4 años.

En vez de estar intentando suprimir ese avance democrático, como lo denunciara recientemente el diputado reformista Ramón Rogelio Genao, los partidos y la Junta Central Electoral deberían extenderlo a la elección de los regidores y separar el voto de los senadores y de los síndicos y vicesíndicos.

Denuncia con fundamento

Para muchos ha pasado desapercibida la denuncia del dirigente y diputado reformista Ramón Rogelio Genao, en el sentido de que la Junta Central Electoral (JCE) podría eliminar el voto preferencial por los diputados para restablecer el viejo sistema de nóminas cerradas y bloqueadas que rigió hasta los comicios del 2002.

En el viejo sistema los candidatos que encabezaban las listas de los partidos mayoritarios ya podían considerarse electos desde que eran inscritos ante el tribunal electoral. Por ejemplo, en el viejo Distrito Nacional el elector con una marca tenía que votar por el senador y 44 diputados y con otra por el síndico, vicesíndico y 88 regidores, sin derecho a decir a quién prefería en el listado.

El voto preferencial por los diputados fue implementado como consecuencia de la reforma electoral de 1997, mediante resolución de la JCE del 2001. Fue cuando se instituyó la elección por circunscripciones electorales en los artículos 79-81 de la Ley Electoral.

El artículo 79 establece que «Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objetivo de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen».

La JCE decidió en el 2001 aplicar la preferencia sólo en el voto por los diputados, aplazándola en cuanto a los regidores, por temor a que el nuevo sistema resultara confuso para los electores.

Desde el momento en que se enfrentaron a la presentación de sus candidaturas en varios partidos surgieron dirigentes reclamando la vuelta al pasado, lo que se renovó en los últimos meses. El asunto está en la agenda del plenario de la JCE, que a fines de mayo pasado aplazó su conocimiento por petición de los delegados de los tres partidos mayoritarios. En la ocasión el presidente de la JCE, Luis Arias, advirtió que el organismo tendría que tomar una decisión considerando que hay «plazos impostergables».

Tras la denuncia del diputado Genao, Arias rechazó que ese organismo se proponga eliminar el voto preferencial, asegurando que el pleno de jueces no tiene una posición, pero dejó su vigencia en manos de los partidos. Agregó que dieron un plazo de 25 días a los partidos para pronunciarse al respecto, el cual vence a fines de junio.

El doctor Arias sostuvo que «el voto preferencial creó problemas internos dentro de los mismos partidos, de modo que si se trata de restablecer el sistema que teníamos anteriormente, eso lo tendrán que externar los partidos políticos¼ » (HOY, 14 de junio).

Si los jueces electorales no asumen la defensa del interés de los electores, estos quedarían aplastados por el interés de las cúpulas partidarias de recuperar el poder de decidir quiénes son los diputados a ser electos.

Éxito y dificultades

Contrario a los prejuicios, la votación del 16 de mayo del 2002 demostró que la población asimiló el sistema del voto preferencial. Los votos nulos que en los comicios similares de 1998 habían ascendido al 4.30%, se redujeron al 3.75% a nivel nacional, mientras en la apartada provincia Independencia fueron sólo 2.43%.

La abstención, que se situó en 2% más que en 1998 (en total 49%), se concentró en la provincia Santo Domingo (61%) el Distrito Nacional (59%) y Santiago (55%), donde hay mayor proporción de ciudadanos informados. Mientras en la línea fronteriza fue de apenas 24 % en Independencia, 26% en Elías Piña, y 28% en Pedernales.

También se alegaba que pocos electores y electoras utilizarían el voto preferencial (que era opcional), pero un muestreo realizado por Participación Ciudadana en las tres circunscripciones en que quedó dividido el DN, indicó que en el 63% de las boletas se marcó el diputado preferido. Una proporción apabullante en relación a la minoría que antes decidía las preferencias.

Tanto Participación Ciudadana como las misiones internacionales de observación a esos comicios convinieron en que había sido un avance democrático el que los electores y electoras pudieran escoger sus diputados.

El sistema tuvo como principal falla el que hubo competencia al interior de los mismos partidos, que tendió a favorecer a los que tenían más recursos para hacer campaña. También porque impidió que las mujeres alcanzaran la cuota del 33% por ciento, cosa que tampoco consiguieron en 1998 cuando regían las listas cerradas, pero se le atribuyó al voto preferencial.

Otra consecuencia del nuevo sistema es que las direcciones partidarias no pueden garantizar curules de diputados a los partidos aliados, lo que redujo la representación de los partidos minoritarios a la Fuerza Nacional Progresista, por los votos alcanzados por Pelegrín Castillo, en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. En 1998 otros 7 partidos minoritarios alcanzaron representación congresional, aliados a los tres mayoritarios.

Algunas de esas desventajas pueden ser atenuadas sin volver a imponer las listas a los electores. La posesión del dinero es relevante en cualquiera de los dos sistemas. Se puede reducir limitando el gasto y la propaganda por candidato, como rige en muchos países, y reduciendo el período de campaña.

Para aumentar la representación femenina, los partidos pueden esforzarse en cumplir la cuota de postulaciones y hacer campaña por despertar la conciencia y la participación de las electoras. Hay menos garantías pero lo que debe predominar es el derecho de hombres y mujeres a seleccionar sus representantes, no a votar al por mayor.

En la campaña del 2002 hubo desbordamientos hasta el grado de que algunos candidatos fueron tan individualistas que apenas mencionaban su partido. En Santiago algunos perredeistas llegaron a la violencia con el saldo de un muerto en choques internos. Eso tampoco justifica que se vuelva al voto de arrastre.

Nuevos avances democráticos

En vez de revocar los avances de hace 4 años, lo que deberían plantearse los partidos y la JCE es establecer nuevas reformas en orden al fortalecimiento de la democracia y la representación, lo que a su vez debe operar como incentivo a la participación ciudadana en los comicios congresionales y municipales que se reduce hasta en las democracias más afianzadas.

Al efecto, debería darse a los electores la posibilidad de votar por el senador de un partido y los diputados de otro, lo mismo por el síndico y los regidores. Es decir dos marcados en cada boleta, aparte del voto preferencial por diputados y regidores. La experiencia del 2002 demuestra que la ciudadanía asimila las reformas sin mayores problemas.

La única dificultad operativa que se registró hace 4 años fue en el cómputo, ya que en una alta proporción de los actas hubo errores en las sumatorias del voto preferencial, lo que puede corregirse en el entrenamiento del personal de los colegios electorales.

Otra reforma, aunque esta de orden constitucional, que se ha debatido en el país hace décadas, es la representación de los partidos minoritarios por acumulación nacional de votos, que se establece con una determinada proporción del total de los diputados y regidores. Esto amortiguaría la concentración que incentiva el voto por circunscripción y preferencial.

Se debería también cumplir el párrafo I del artículo 80 de la Ley Electoral que establece el voto por circunscripciones de 50 mil y fracciones mayores de 25 mil habitantes.

En el 2002 sólo se establecieron 23 circunscripciones, seis en la provincia Santo Domingo, tres en el DN, Santiago y San Cristóbal, y dos en La Vega, Duarte, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. En todos los casos debió haber más circunscripciones, por las concentraciones poblacionales. Y al menos dos también en las provincias de Azua, Barahona, Espaillat, La Romana, Monseñor Nouel, Monte Plata, Peravia y La Romana, que ya tenían una población superior a 100 mil habitantes.

A causa del mandato constitucional de elección de un diputado por cada 50 mil habitantes o fracción de 25 mil, para los próximos comicios el número de estos representantes podría elevarse en 31 para alcanzar 180. Desde hace años se reclama una modificación para evitar el desmesurado crecimiento de los diputados, que hasta 2002 eran 120.

Otras reformas que se imponen son las encaminadas a facilitar la presentación de candidaturas independientes, discriminadas en la actual ley electoral. Mientras para reconocer un partido se requiere sólo el 2 por ciento de los votos válidos en la última elección, para las agrupaciones independientes hay una escala que va desde un mínimo del 12% hasta un 20% de los electores por municipio.

La revocación del voto preferencial, en vez de proseguir las reformas decididas en la década del 90, podría tener un efecto negativo en el electorado más consciente y acentuar el descreimiento que ya afecta al sistema partidario.-