No saldremos del basurero si no se adoptan una serie de medidas contra la corrupción; para eso debemos comenzar por un control absoluto sobre las finanzas de los partidos políticos, a la vez que se publicite todas las investigaciones que se hagan en ese sentido; de inmediato es necesario rectificar  las leyes que sin lugar a dudas han facilitado la inexistencia de controles sobre el gasto público y concomitantemente respetar la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual todos sabemos que es la base fundamental de una verdadera democracia, sobre todo, la preocupación actual del estado de la Justicia que, politizada está en la cúspide (Consejo Nacional de la Magistratura) y la dependencia del ministerio fiscal, del Poder Ejecutivo, porque somos de los que cree necesario fortalecer la independencia de jueces y fiscales como medidas prioritarias para que puedan defenderse los derechos de los ciudadanos y atajar la corrupción; sólo así se podrán exigir responsabilidades políticas a quienes ocupan cargos públicos e implantar el embargo de bienes de los procesados por responsabilidades económicas.

Ya no se puede dar un paso atrás frente a los escándalos destapados en días pasados por los nuevos funcionarios encargados de vigilar y mantener el patrimonio nacional, porque “un gobierno democrático difícilmente llegaría  a obtener el respeto, la confianza y la adhesión de la parte mejor del pueblo”, si aquellos a quienes se ha confiado el poder no pueden cumplir sus propias obligaciones con responsabilidad, imparcialidad e incorruptibilidad. Es pues, hora, que dejemos de oler a podrido, a lo largo y ancho del país; desgraciadamente hemos llegado al final. “Se defiende el Estado de Derecho o se liquida al Estado de Derecho”, pues no hay medias tintas en un caso con millones de pesos robados y personajes paseándose las calles exhibiendo sus dineros y nadie se ruboriza. El   gobierno tiene que investigar, empezando por sus ejecutivos de mayor rango; la Justicia no puede hacerlo todo.