El periodista debe difamar constantemente a los funcionarios públicos», esta frase retumbó en el salón donde fue celebrada la última de una serie de conferencias dictadas por el experimentado comunicador uruguayo Danilo Arbilla sobre la libertad de prensa en el Continente.

El tema de la despenalización del delito de prensa por difamación e injuria parece que motivó al joven reportero de un prestigioso matutino local, quien, en un aparente ataque de euforia, hizo el atrevido planteamiento.

Luego, en la degustación del buffet, me acerqué al comunicador y le dije en un tono amistoso: «seguro tú quisiste decir cuestionar», él sonrió y prosiguió comiendo. No era momento de discusiones sobre semántica.

Si retomo el tema sobre  el ejercicio del periodismo en nuestro país, es porque veo  con preocupación, cada día, como se manejan algunos comunicadores, que laboran en los medios electrónicos, quienes alegremente afectan la honra, dignidad y buen nombre de figuras públicas del país.

Que conste, creo de manera absoluta en el periodismo que cuestiona, que  investiga y exige transparencia en el accionar de todos quienes, por elección o designación,  manejan fondos del erario, que es lo mismo que decir, fondos del pueblo.

Pero de ahí a pretender descalificar a todos los servidores del Estado, en base a rumores, comentarios y campañas difamatorias, hay un gran trecho. Y lo peor es que muchas veces, en complicidad con los dueños y directores de  algunos de esos medios, se busca extorsionar a los funcionarios objetos de la infamia mediática.

 Este es uno de los motivos que mantiene a muchos ciudadanos de altas calificaciones morales y profesionales alejados de las funciones públicas.