La sentencia mediante la cual un juez autoriza que el Ministerio Público  intervenga o requise  las oficinas profesionales de los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera en busca de material audiovisual no editado, pretende objetivos que podrían desbordar los límites que el buen Derecho establece.

Esta sentencia nos coloca en vías de establecer un precedente funesto para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en contradicción con la tendencia que procura afianzar el estado de derecho y el ejercicio libérrimo de las libertades públicas,  particularmente la de expresión y difusión del pensamiento.

Las denuncias de estos periodistas han motivado una demanda que en principio se canalizó por el ámbito público y luego se transfirió a la vía civil. Los procedimientos para demostrar o comprobar si existen los elementos que perjudicarían los derechos de  la firma demandante no deberían estar afianzados en actos o disposiciones que vulnerarían derechos y libertades de alcance social fuera del marco a que se contrae la demanda judicial. De prosperar esta autorización, sencillamente se estaría colocando el ejercicio periodístico ante un instrumento de censura muy grave, inclusive para los medios de comunicación, en especial para los cuales trabajan los periodistas demandados. Hay que estar vigilantes ante esta amenaza contra la libertad de expresión.

Materia para un amplio debate

Apoderado ya el Congreso de la propuesta de reforma constitucional elaborada por el Poder Ejecutivo, lo que corresponde a seguidas es someter ese proyecto al más amplio debate. La sociedad, las fuerzas que la componen, deben ejercer el derecho a fijar posición sobre las reformas que se pretende introducir a la Constitución de la República. El resultado debe ser un resumen de los mejores intereses.

El primer requisito para debatir estas reformas es que el interés nacional esté por encima de las apetencias políticas, apetencias que en el pasado han motorizado cambios constitucionales a la medida de quienes las motorizan. La única forma de organizar un Estado de la manera más idónea es si sus estatutos son concebidos en base al interés general y se dejan en el cedazo las ambiciones particulares o grupales. El “sí” y el “no” deben estar exentos de la querella política. En esa virtud, el debate debe ser amplio y libérrimo.