La Junta Central Electoral (JCE) ha anunciado su  propósito de aumentar los costos de los servicios que ofrece a los ciudadanos. La medida tendría por objetivo enfrentar el déficit financiero que tiene el organismo, que aspiraba, pero no logró, una  asignación  más alta en el Presupuesto General del Estado para este año. El alza es inoportuna porque vendría a producirse en momentos en que el poder adquisitivo de los segmentos sociales de más bajos ingresos está sometido a los aumentos de precios de todos los bienes y servicios, como consecuencia de la reforma tributaria.

Sería aconsejable que la JCE aplique medidas de ahorro  que le permitan  disminuir sus gastos. También, que plantee de nuevo al Poder Ejecutivo las necesidades financieras que tiene para cubrir los costos del proceso de expedición de  la nueva Cédula de Identificación y Electoral. Debe agotar todos los esfuerzos que sean factibles con tal de evitar imponer un alza en sus servicios a la comunidad. Inclusive, la JCE debería analizar el aspecto legal de un alza de esa naturaleza.

El doctor Eddy Olivares, miembro de la JCE, argumenta que un aumento en esos servicios violaría la Ley 8-92. En fin, es necesario procurar alternativas que hagan innecesario un aumento en el cobro de los servicios de ese organismo. Los contribuyentes ya pagan suficientes impuestos para financiar las operaciones de organismos públicos.

Hacinamiento en cárceles

El hacinamiento de presos en recintos sin las facilidades sanitarias elementales trae como consecuencia situaciones lamentables, como el brote de cólera en la cárcel preventiva de Higüey. Hasta ahora se han registrado las muertes de dos reclusos y el internamiento de más de medio centenar debido al contagio. En esa, como en otras cárceles del país, la sobrepoblación y las precariedades sanitarias son una bomba de tiempo.

Las autoridades afirman que los presos que están internados no serán trasladados, sino que retornarán al mismo recinto donde enfermaron. Lo ideal sería que una decisión como esa esté avalada por un saneamiento profundo del recinto, para evitar recaídas y eventuales muertes. El país tiene todavía un régimen carcelario primitivo, que degrada la condición humana y que impone penalidades mayores que las dispuestas por las leyes.