Hay que exigir reciprocidad

Hay que exigir reciprocidad

Desde su condición y por la información actualizada que maneja, el ministro de Defensa, teniente general Máximo William Muñoz Delgado, es una de las personas mejor documentadas sobre los riesgos a que se someten los transportistas dominicanos que se adentran en Haití a llevar mercancías que los haitianos necesitan. Él está en condiciones de calibrar la actitud del Gobierno haitiano ante las frecuentes agresiones de que son víctimas esos conductores.

No hay duda de que el Gobierno haitiano ha faltado al compromiso de garantizar protección a estos súbditos dominicanos, puesto que una y otra vez son agredidos, secuestrados, amenazados de muerte y sus vehículos saqueados y dañados por turbas cegadas por su sentimiento antidominicano. Definitivamente, el Gobierno de Michel Martelly ha demostrado que no es dado a cumplir los acuerdos bilaterales que suscribe con el Gobierno dominicano. El de los transportistas criollos no es el único caso de esta naturaleza.

Frente a esta situación y debido a que las autoridades dominicanas sí garantizan la seguridad de los haitianos en territorio dominicano, el Gobierno local ha debido exigir al haitiano, enérgicamente, un trato recíproco en materia de garantías para nuestra gente en su territorio. No nos queda bien quedarnos callados ante estos desplantes.

 UNA INDAGACIÓN OPORTUNA

La investigación que la justicia federal de Estados Unidos encamina contra un senador de ascendencia cubana y un médico dominicano coloca en un contexto oportuno el cuestionado contrato de instalación de equipos de rayos equis en los puertos dominicanos. Ese proceso robustece los fundamentos del rechazo de un negocio leonino, que solo generará enormes beneficios para la empresa que asumiría la revisión de los contenedores en todos los puertos dominicanos, generando costos enormes para los empresarios locales.

El proceso judicial precisamente cuestiona las maniobras que mediaron para obstaculizar una donación de equipos similares del Gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana, para beneficiar a una empresa de la que es propietario el médico bajo investigación.

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