JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Cada vez que concluye un gobierno nos pasamos meses escuchando denuncias sobre los tráficos de influencia, reparticiones, apropiaciones y desfalcos en que incurrieron los predecesores en el ejercicio del poder. Pero muy pocas veces se traducen en serios expedientes tramitados ante la justicia. La generalidad de las veces se escucha a los salientes aducir que los recién llegados carecen de fuerza moral para procesarlos judicialmente porque ellos también hicieron de las suyas cuando estuvieron antes en el poder, ahora incluso porque algunos tienen expedientes en curso judicial.

Desde luego no faltan hoy, como ayer, quienes aduzcan que todo esfuerzo por traducir a la justicia a quienes abusan de los bienes públicos es una forma de persecución política.

Incluso se reclama respeto a la figura presidencial recién salida del poder, recordándose la reiterada proclama de que los ex mandatarios merecen consideraciones, que es una forma bastante descarada de consagrar la impunidad.

Se llega a invocar el sosiego y la tranquilidad pública, la necesidad de mantener la gobernabilidad y concentrarnos en la solución de los graves problemas nacionales como excusas para olvidar y mantener el reino de la impunidad que es el mejor caldo de cultivo para el incremento de la corrupción pública y privada.

Los dilemas son tan serios que alcanzan a personas preocupadas por el adecentamiento de las funciones públicas y la contención de la corrupción que se apodera de gran parte de los ámbitos y las actividades nacionales, casi siempre en público maridaje entre servidores públicos y agentes privados.

Por ejemplo, en estos tiempos se enfrenta el dilema de si quienes ayer se distribuyeron apartamentos de lujo, becas, autobuses, taxis y camiones pueden llevar a la justicia a los que más tarde se repartieron minibuses, autos, buses e invernaderos.

El problema es bien complejo, porque si hoy justificamos la impunidad por falta de calidad moral de los incumbentes, mañana tendríamos que hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que no quede renglón de la vida pública y las actividades privadas sin ser regido por la ley de la apropiación.

En algún momento hay que comenzar y cuando eso ocurra seriamente habrá que darle todo el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía que rechaza las más diversas expresiones de la corrupción que enriquecen a muchos de los que reciben la encomienda del manejo de la cosa pública, ya en el poder ejecutivo, como en el legislativo, el judicial o el municipal.

Hemos sostenido que en la recién pasada gestión gubernamental se produjeron muchos actos escandalosos de corrupción, como también en las que le precedieron, incluido el famoso Programa de Empleos Eventuales, que consumió clandestinamente mil seiscientos cincuenta y seis millones de pesos, el cual lleva cuatro años y 4 meses en manos de la justicia sin haber pasado del nivel de instrucción.

Las denuncias que constantemente escuchamos de los actuales funcionarios deben traducirse en hechos judiciales, pero seriamente. Porque si quedan en el aire o se festinan sólo servirán para sembrar más frustraciones y seguir consagrando el reinado de la impunidad.

Uno de los méritos que tuvo el expediente del PEME fue que implicó una gran elaboración, que fue precedido de un proceso minucioso de investigación y se publicaron los interrogatorios y los fundamentos.

En materia de persecución de la corrupción tiene que predominar la transparencia para que no se le confunda con la mezquindad política. Y eso hay que hacerlo ahora con los invernaderos, con el programa de Renovación de Vehículos, con los contrabandos aduanales, con los contratos turbios, con toda la podredumbre.

Pero sin dislates como el de buscar invernaderos en una oficina privada o incautarse una mochila para luego tener que devolverla, como si allí pudiera hallarse las pruebas de la corruptela. Eso en nada sirve la causa del combate a la corrupción. Como tampoco la amenaza de publicar auditorías.

Se reclama acción contra la corrupción. Pero con aplomo y eficiencia, sin bullanguerías políticas que desacreditan hasta las mejores intenciones. Que prosigan los procesos de ayer y se hagan todos los sometimientos que procedan, sin corruptos favoritos. Pero por algún lado debe comenzarse. Y lo más lógico es que se inicie por lo que está caliente. Aunque lamentablemente algunos de los que tienen procesos pendientes en la justicia ya están de nuevo en cargos públicos. Aún así, que comiencen con seriedad. Para que dentro de cuatro años no estemos en las mismas condiciones.