Si bien es importante la sanción económica contra la Odebrecht por admitir que sobornó a funcionarios públicos de tres gobiernos para la adjudicación y sobrevaluación de numerosas obras millonarias, no menos importante es desenmascarar y castigar a los sobornados.
Estos últimos están promoviendo, soterradamente, la idea de que el Ministerio Público llegue a un acuerdo con la firma brasileña que incluya la no judicialización del caso, de manera que seguirían disfrutando tranquilamente de los más de cuatro mil millones de pesos que recibieron de soborno.
Y lo más importante, la estructura mafiosa que opera en el país desde hace tiempo y que involucra a “prósperos empresarios” del sector privado, a funcionarios públicos y legisladores, seguiría operando como si nada hubiera ocurrido.
Eso pretenden quienes se consideran por encima del bien y del mal porque en su acostumbrado y blindado accionar delictuoso, han llegado a considerarse intocables, sobre todo después de las experiencias judiciales vividas con los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. Odebrecht y los Súper Tucano representan el último eslabón de una cadena de actos de corrupción que padecemos los dominicanos que luchamos por un país decente que aspira a que el cacareado crecimiento económico no se quede en los bolsillos de una cúpula política mientras el pueblo padece miles de necesidades.
Por eso hay que insistir en que se haga justicia sin caer en la ingenuidad de creer en el “caiga quien caiga” y en el “hasta las últimas consecuencias” porque sabemos que el poder político no se suicida, pero algo tiene que cambiar en una sociedad que demostró, contundentemente, que se cansó de la impunidad y la corrupción.