El país ya tiene suficiente con la inseguridad ciudadana, la violencia y la falta de respeto por  la vida, los principios, los valores. La aspiración más sentida de la sociedad es que entre sus líderes surja la fórmula de contrarrestar ese estado de cosas mortificante, y lograr cambiarlo por la merecida tranquilidad. Sin embargo, lejos de lograr esa aspiración, los dominicanos encuentran un nuevo motivo de preocupación, pues en medio de la campaña electoral, la violencia del verbo se ha convertido en el arma a esgrimir contra el adversario político.

Una razón para que el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez esté llamando nuevamente a los políticos a respetar el pacto de civilidad que firmaron, es que no ha habido forma de que baje el tono de la campaña, cargada de acusaciones recíprocas. Parecería que las propuestas de las fuerzas políticas no serían convincentes sin el refuerzo de la violencia verbal contra el adversario en la competencia por la Presidencia de la República.

La nación necesita que sus líderes atenúen la agresividad del lenguaje en la campaña electoral y que proyecten de modo positivo sus ofertas y programas de gobierno. Si se ha firmado un pacto de civilidad ha sido para el respeto mutuo entre todos los grupos políticos que compiten por el poder. El elector expresará mediante el voto, el 20 de mayo, el resultado de su íntima convicción.

Robos en el  Cristo Redentor

El cuidado de los cementerios es responsabilidad de las autoridades municipales, pero en muchos casos las familias de difuntos tienen que procurar seguridad extra para preservar la integridad de los nichos y sus ornamentos.

En el cementerio Cristo Redentor, por ejemplo, los robos de rejas y otros objetos están a la orden del día y no se explica qué hacen las autoridades municipales para impedirlo.

Se entiende que a los vándalos que profanan tumbas no les importe la memoria de los difuntos, pero que las autoridades no impidan sus desmanes es una falla terrible.

Además de ocuparse de mantener limpios y en buen estado los cementerios, los gobiernos municipales están obligados a proveer seguridad para impedir que personas sin escrúpulos penetren a esos recintos y profanen las tumbas.