Hay que modificar la ley de Primarias

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Por más vueltas que se le dé a la ley que encarga a la Junta Central Electoral (JCE) la organización de elecciones primarias mediante voto universal para seleccionar los candidatos de los partidos reconocidos a todos los cargos electivos, no hay forma de encontrarle viabilidad.

El máximo organismo electoral está compelido a convocar al liderazgo político y legislativo para exponerle claramente todas las dificultades y riesgos que entraña esa ley y la necesidad de modificarla en varios aspectos medulares, devolviendo a los partidos la responsabilidad de sus procesos electorales internos.

Expertos internacionales han revelado que la República Dominicana sería el primer país en instituir un sistema de primarias para la selección de candidaturas congresionales y municipales a cargo del organismo rector de los comicios nacionales, y a realizarse en una sola jornada con multiplicidad de partidos.

SÓLO PARA PRESIDENTE

En los escenarios en que se ha debatido a fondo la ley aprobada el 15 de agosto y promulgada en la misma fecha por el presidente Hipólito Mejía se ha concluido en que sólo es aplicable en las elecciones presidenciales, y prácticamente imposible para los niveles congresionales y municipales.

De hecho el consultor chileno Carlos Eduardo Mena, traído al país a mediados de noviembre por el movimiento cívico Participación Ciudadana con auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sostuvo que no tiene constancia de que en alguna parte del mundo se haya puesto bajo responsabilidad del organismo rector de las elecciones la selección de candidatos para los cargos legislativos y municipales.

Aunque por otro lado se dijo que Bolivia ha aprobado también una ley al respecto, pero que al igual que aquí, no se sabe cómo podría ser puesta en práctica.

Aún para escoger candidatos presidenciales en un sistema que para los últimos comicios registró 22 partidos con derecho a postular, sería una tarea muchas veces más complicada que las mismas elecciones nacionales. Demandaría un nuevo entrenamiento de quienes operan los colegios electorales.

De entrada la JCE no podría limitar el número de precandidatos, porque entrañaría la violación del derecho de cualquier militante de partido a aspirar a la candidatura presidencial. Una limitación del número conllevaría una elección pre-primaria, a no ser que se deje en manos de las cúpulas la selección de quienes irían a la competencia, lo que desnaturalizaría la intención democrática de la legislación y originaría los mismos conflictos internos que se trata de evadir al poner las primarias en manos del tribunal electoral.

Tomando como ejemplo el número de perredeístas que a mediados del año pasado aspiraban a la candidatura presidencial, que fueron por lo menos diez, y multiplicándolos por 22 partidos, la JCE tendría que realizar en una sola jornada 220 cómputos individuales para proclamar. Mientras en una elección presidencial sólo se determina un ganador, en las primarias serían 22.

La representación de tantos candidatos sería imposible en los colegios electorales, lo que aumentaría las impugnaciones. Si se hace por partido, resultaría conflictivo seleccionar uno o dos delegados que representaran a todos los aspirantes.

En principio el proyecto de ley que elaboró el Consejo Nacional de Reforma del Estado sólo instituía la obligación de las primarias para las candidaturas individuales, a la presidencia, senador y síndico. Pero en el Congreso se entusiasmaron y lo extendieron a diputados y regidores.

PREVISIBLE CAOS INSTITUCIONAL

La ley de Primarias tendría que ponerse a prueba con los comicios más difíciles, por la multiplicidad de candidatos, los congresionales y municipales del 2006, donde se ponen en juego los 32 senadores, 150 diputados, 135 síndicos y vicesíndicos y cientos de regidores.

No habría mecanismo para impedir que por cada cargo en disputa se presente una decena de aspirantes por cada uno de los partidos reconocidos, lo que implicaría millares de escrutinios individuales a nivel nacional y cientos por cada circunscripción electoral.

Las boletas serían inmanejables si se pretende recoger en una sola todas las precandidaturas, tanto como si dispone una por partido político.

En la elección congresional y municipal del 2002 hubo graves problemas de escrutinio al instituirse la circunscripción con voto preferencial para los diputados, ya que hubo errores de sumatorias en una alta proporción de las actas.

El escrutinio sería interminable, con el agravante de que la ley dispone en su artículo quinto que la proclama de los ganadores debe producirse 5 días después de celebradas las primarias. Los legisladores no previeron la posibilidad de muchas impugnaciones que deben ser conocidas por las juntas electorales municipales.

El nuevo sistema pondría también en juego las alianzas de los partidos, que tendrían que ser redefinidas en la ley electoral, o por lo menos reglamentadas.

Con tantas precandidaturas y complicaciones, todo el proceso organizativo de las primarias, la propaganda de la JCE y la logística serían más complicadas y costosas que cualquier elección nacional, implicando la erogación de cientos de millones de pesos con cargo al presupuesto nacional, adicional al ya instituido por ley en beneficio de los partidos, que es del 0.5 por ciento de los ingresos ordinarios en los años electorales y de la mitad en los demás.

Se atribuye a la Dirección General de Elecciones haber cuantificado en más de 400 millones de pesos el costo que tendría una primaria.

El doctor Roberto Rosario ha sido el juez electoral más decidido en proclamar la inviabilidad de la ley de primarias, llegando a calificarla como “una trampa que podría llevar a la JCE a un matadero” e inhabilitarla para arbitrar las elecciones del 2006. Estimó que los precandidatos podrían llegar hasta 40 ó 50 mil. Vaticina un caos institucional que pondría el país en una situación innecesaria de ingobernabilidad.

FALTA DECISIÓN EN LA JCE

La JCE está en el deber de tomar una decisión sobre la ley de Primarias, para lo cual deberá convocar a los partidos políticos. El presidente de la misma, doctor Luis Arias, dijo la semana pasada que consultarían primero a los técnicos del organismo para proceder posteriormente a convocar la jerarquía de todos lo partidos y de los legisladores.

Lo primero que procede es que el plenario de los jueces electorales adopte una posición. Se sabe que la mayoría de sus integrantes considera impracticable la ley, pero dos o tres de ellos se aferran al criterio de que tienen que aplicarla.

Luis Arias se cuenta entre los jueces que estiman imprescindible importantes modificaciones a la ley, pero aferrado al criterio institucional no ha querido expresarse públicamente.

En los niveles técnicos se estima imposible proclamar candidatos congresionales y municipales de todos los partidos en el plazo legal de 5 días. Al director general de Elecciones se le atribuye haber dicho que las primarias tendrían que hacerse en noviembre para estar seguros de que en enero hayan sido conocidas las posibles impugnaciones.

Eso conlleva un perjuicio adicional al extender la campaña electoral, en vez de reducirla como se ha planteado reiteradamente en la opinión pública. El país podría tener un año de precampaña y campaña electoral, con los costos que implica, y al final los candidatos terminarían más alienados y subordinados a los grandes financistas, lo que opera en sentido inverso a la democracia.

Nadie cuestiona la intención democrática de las elecciones primarias, que de hecho ya es el método de elección de candidatos de los partidos mayoritarios. Pasar su organización a la JCE implica una confesión de que son incapaces de practicar la democracia interna

POSICIÓN DE LOS PARTIDOS

La ley fue aprobada en el Congreso Nacional con votos provenientes de todos los partidos, aunque fueron los perredeístas los más entusiastas, creyendo que de esa forma evadirían los conflictos que suelen aquejar al partido blanco en cada elección de candidatos. El senador del PLD por el Distrito Nacional, José Tomás Pérez, se cuenta entre quienes votaron la ley y la han defendido, aferrado al criterio de que mejoraría el sistema democrático en tanto reduciría el poder de las cúpulas en las nominaciones de candidatos.

Sin embargo, los partidos no han fijado posición formal sobre la ley, lo que tendrían que hacer si son consultados por la JCE.

Los reformistas han sido los más críticos de la ley de Primarias pero, según fuentes de la JCE, no fijaron una posición definitiva durante una visita girada al organismo a comienzos de esta semana.

En el fondo de la posición de los partidos subyace el interés de elevar el financiamiento público. Al traspasar la organización de las Primarias a la JCE se economizarían su costo.

Como si eso fuera poco, varios legisladores introdujeron en la Cámara de diputados un proyecto de ley para llevar al 0.5 por ciento de los ingresos ordinarios, sea o no año de elecciones. Con un presupuesto que se acercará a los 200 mil millones de pesos el próximo año, de los cuales unos 150 mil millones serían de ingresos internos, el financiamiento a los partidos rondaría los 750 millones de pesos en el 2005.-