La llamada seguridad jurídica, tan reclamada como la clave para la inversión extranjera y tan necesaria para garantizar el estado de derecho, jamás podrá ser realidad si las instituciones son débiles.

Una de las fallas reconocida por los expertos y por aquellos preocupados por la promoción social, es la falta de institucionalidad, la cual se ve amenazada por razones exógenas y endógenas y por el retraso que hemos tenido como sociedad en la estrategia para el desarrollo institucional como país.

Varios factores han incidido para que estemos rezagados en esta materia, uno es el acomodamiento de muchos de nosotros en las viejas estructuras y de igual manera resistirnos al cambio, y el otro, que sectores interesados se sienten cómodos con el estatus logrado y también hacen oposición para impedir que se materialicen los cambios.

Desde hace cerca de 20 años el país dio inicio a algunos cambios institucionales, por ejemplo, en materia de las recaudaciones fiscales, se creó una institución fuerte que ha logrado situarse en el concierto de naciones donde sus finanzas públicas dependen de los aportes que dan sus ciudadanos, sobre todo los que más pueden.

Pagar los impuestos es una responsabilidad social muy elevada, si tomamos en cuenta que de eso depende que el Estado pueda cumplir sus compromisos con los ciudadanos y garantizar servicios como salud, educación y otros tan necesarios para garantizar la vida, en nuestro caso de más de 40 por ciento que viven por debajo de la línea de pobreza.

De modo que pagar los impuestos debe verse como una gran acción en favor del desarrollo social y el fortalecimiento institucional, mientras que la evasión fiscal significa un atentado a la vida de muchos dominicanos que están obligados a recibir los servicios públicos fundamentales provisto por el Estado.

Hablamos de razones externas e internas. El no cumplimiento de la ley atrae los capitales de aquellos que en sus países no cumplen con las normas. Hace algunos años mientras esperaba en el aeropuerto de Nueva York, escuché con mucho desagrado a un extranjero que era atraído para invertir en el país y una de las cosas que le eran atractiva era que aquí no se paga la energía.

Me quedé escuchando la conversación y sentí vergüenza ajena. Vender al país por la ilegalidad de no pagar impuesto y no pagar la luz, es una vergüenza.

Si aquí todos cumpliéramos con las reglas, los inversionistas decentes vendrían porque estaría garantizada la seguridad jurídica.

Debemos promover el desarrollo institucional del país como garantía para la inversión extranjera y como soporte de la construcción del Estado de derecho.