RAMÓN FLORES
El Estado es una parte de la sociedad que tiene entre sus tareas velar por el predominio de los intereses comunes sobre los intereses particulares que se entrecruzan y compiten al interior de una nación.

Esa parte de la sociedad cuestiona su razón de ser cuando las políticas y las acciones públicas son deformadas por los intereses particulares de organismos y funcionarios responsables de velar por predominio de aquellos intereses comunes. Pues cuando a los intereses particulares privados se suman los intereses particulares de aquellos llamados a defender el interés publico, la sociedad cae en el «sálvese quien pueda».

El Estado es responsable de asegurar la integridad física y las propiedades de todos los ciudadanos. Pero se informa que la Policía y la Guardia, actuando de manera conjunta o separada, no pueden cumplir con esa tarea, entre otras cosas, porque una buena parte de sus muchísimos miembros han sido destinados a velar por la seguridad de particulares, entre ellos funcionarios y ex funcionarios civiles, policiales y militares.

El Estado es responsable de asegurar el derecho de todos los dominicanos a la salud. Con ese objetivo administra un amplio servicio público de salud. Pero la mayoría de los funcionarios y empleados del Estado, incluyendo una parte de los médicos y enfermeras, dedican más energías a obtener los recursos públicos necesarios para recibir un servicio privado de calidad que en mejorar la calidad de los servicios de salud que el Estado ofrece al público.

El Estado es responsable de asegurar el derecho de cada ciudadano a una educación de calidad. Para ello administra un sistema de escuelas públicas que atiende el 80% de los estudiantes pre-universitarios del país. Pero la mayoría de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo una parte de los educadores, dedican más tiempo a obtener los recursos públicos para enviar a sus hijos a una institución privada que en mejorar la calidad de la educación pública puesta a su cargo.

Mire esta situación. Como siempre se hizo en el pasado, durante la crisis del 2003 el Gobierno ajustó el gasto público mediante un drástico recorte de los porcentajes del presupuesto destinado a la educación y la salud. Desde entonces, medido como porcentaje del gasto público o del PIB, el gasto de educación y salud se ha mantenido en los niveles vergonzosos de finales de los 80 y principio de los 90.

En esas circunstancias, uno debería encontrar a una Suprema Corte presionando por el cumplimiento de las leyes relativas a la educación y a la salud del ciudadano común. Y a los funcionarios del Poder Ejecutivo y los miembros del Congreso escarbando acá y allá para asegurar los recursos presupuestarios que permitan mejorar el acceso a la calidad de la educación y la salud que recibe la población. Pero la Suprema Corte está tan ocupada en lograr que le asignen los recursos que le corresponden por ley, que carece de tiempo para preocuparse por el cumplimiento de las leyes relativas a los recursos que les corresponden a otros. El Poder Ejecutivo busca los recursos necesarios, no para mejorar sustancialmente el porcentaje del gasto público y del PIB que se dedica a la salud y la educación de la gente sino para financiar sus iniciativas de «alta rentabilidad electoral». Y ahora el Congreso discute un proyecto de ley orientado, no a mejorar los programas de alimentación escolar, textos, uniformes y transporte destinados a todos los estudiantes provenientes de las familias de menor ingreso, sean éstos hijos o no de empleados públicos, sino a «favorecer» exclusivamente a los hijos de aquellos que tienen un empleo en el Estado.

Empero, frente a un Estado y un sistema político que postulan el «sálvese quién pueda» y el «a mi no me importa», hay que reivindicar los sueños que valoran la compasión y la solidaridad, y fortalecen los elementos que mantienen unida y hacen grande a una nación.