Hay que salvar el Poder Judicial

Hay que salvar el Poder Judicial

El caso de varios jueces bajo investigación por supuesta comisión de actos indecorosos desde sus funciones podría ser la punta del témpano que avergüence a todo el país. La desconfianza en las decisiones judiciales se ha generalizado y existe desde antes de este evento, en perjuicio de muchos jueces honorables que no ponen su prestigio al alcance del mejor postor. Esa desconfianza va contra las garantías jurídicas que debe proveer el Estado y esa situación nos perjudica grandemente, adentro y afuera. Ya no es cuestión de juzgar dos o tres conductas de jueces.

El Consejo del Poder Judicial debería dar un paso al frente para escudriñar en las profundidades de la situación. En ese aspecto secundamos la propuesta del senador y secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez. No se trata solamente del caso de unos cuantos jueces presuntamente prevaricadores.

También se cuestiona conductas dudosas -no investigadas todavía- en el Ministerio Público, por supuesta extorsión con expedientes prefabricados, y expedientes insustanciales que fuerzan sentencias de descargo.

No se puede permitir que el Poder Judicial viva dando motivos al zarandeo del escepticismo. Alguna instancia competente debe dar el primer paso para adecentar el estamento judicial antes de que colapse. Está en juego nuestro prestigio como Estado.

Una disposición muy  oportuna

La mejor respuesta que puede dar el país ante toda la crítica de que ha sido objeto desde que fue dictada la sentencia 168-13, es demostrar que en la defensa de su nacionalidad y soberanía actúa correctamente, con estricto respeto de los derechos humanos. Defendernos con hechos, no con palabras. En ese contexto parece inscribirse la disposición del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, para que se agilice todo el proceso de entrega de cédulas a las personas beneficiadas con la nacionalidad dominicana por llenar los requisitos contenidos en la Ley 169.

El carácter enérgico de esta disposición deberá garantizar un fiel cumplimiento del mandato de esa ley y a la vez un mentís para quienes han criticado insistentemente al país por defender su nacionalidad y soberanía.

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