Conociendo cómo se bate el cobre en el mundo de la política dominicana, no debe sorprender a nadie que una institución llamada a evaluar el correcto manejo de los fondos públicos, sea blanco de ataques, luchas internas y descalificaciones que buscan desprestigiar e invalidar los informes que puedan afectar a los políticos que durante 20 años se dedicaron a saquear el erario con la permisividad cómplice de quienes desde el Poder Ejecutivo debieron velar por la correcta aplicación del dinero del Estado.

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Después de la desastrosa y vergonzosa actuación del anterior presidente, Hugo Álvarez Pérez, a quien hubo que sacar a empujones de la institución, se procedió a escoger a los nuevos integrantes de la directiva quienes presentaron currículums convincentes de su capacidad pero, como en todo, gravitó la influencia política de los partidos del sistema que auparon a personas que, en momentos o coyunturas especiales, responden más a ellos que a los verdaderos intereses del país.

O sea que mientras se debaten públicamente los conflictos internos de la institución, existen, según ha trascendido, unos 84 expedientes estancados que reflejan anomalías, como las detectadas en la construcción del Metro, que debieron ser remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).