Para el Presidente Fernández, los 70 casos de corrupción denunciados públicamente, la mayoría con pruebas documentales y otros 23 que fueron resultados de las auditorías de la Cámara de Cuentas, son hechos aislados de su gobierno. En ningún caso, estas denuncias han sido ni siquiera tomadas en cuenta por la DPCA o el Ministerio Publico.

Estas entidades politizadas y controladas desde afuera por funestos personajes, solo se animan a perseguir opositores. Para muestra un botón. Cuando Celso Marranzini denunció hace unos días que entre los muchos que cobraban en la CDEEE por trabajos inexistentes, aparecía el nombre de Andy Dauhajre, la DPCA de inmediato anunció una investigación del caso para poner en funcionamiento su maquinaria persecutora y represiva. Pero solo habló de ese caso y no de los otros 200 denunciados por el Vicepresidente de la CDEEE, donde todos están vinculados al partido en el poder.

Ojalá sometan a Andy (que tienen cinco tomos de su trabajo) para que vuelvan a hacer el ridículo, porque ese tipo de accionar demuestra hasta dónde este gobierno es una afrenta a la moral pública y la transparencia.

La pregunta es ¿Cuántos casos de corrupción tienen que existir para que este problema se considere una epidemia? El caso de la Sunland, por ejemplo, es la máxima expresión de un robo público sin precedente, donde las más altas esferas del poder hicieron desaparecer por arte magia unos US$133 millones (RD$5,000 millones) y ni fueron llamados para una investigación.

Hasta la Suprema Corte de Justicia dictaminó que dicho préstamo externo violaba la Constitución aunque no emitió una condena por el trámite irregular del expediente. Una decisión que no entierra ese fraude nefasto.

La sociedad se pregunta ¿Cuánto más hay que robar del erario para que el Presidente de este gobierno considere que no son hechos aislados? Es increíble que se promuevan eventos para consensuar estrategias contra la corrupción, donde la figura principal se expresa de esa manera.

La verdad es que ya no es el famoso 10% de comisión que se cobraba en la era de Balaguer o de los gobiernos del PRD. Ahora te piden 30% y 40%. Tampoco las obras públicas tenían 10% o 15% de sobrevaluación para repartirlo entre funcionarios y políticos lobistas. Ahora las sobrevaluaciones superan el 50% del costo original y algunas han llegado a duplicar su costo, representando cientos de millones de dólares al fisco. El Metro, las presas, los túneles y elevados son los mejores ejemplos.

Pero eso no es todo. Donde la corrupción alcanza el grado de epidemia es cada vez que los peledeístas se lanzan a una campaña electoral. En las elecciones del 2006, 2008 y 2010, estos barbarazos se gastaron 80 mil millones de pesos en actividades proselitistas donde la tercera parte de ese dinero fue a parar al bolsillo de los mercaderes políticos y funcionarios del gobierno.

Eso explica el porqué en más del 80% de las instituciones públicas se han detectado serias irregularidades en el manejo de los recursos públicos, con claras evidencias de corrupción. 

¿Hay corrupción privada? Claro que la hay, pero en un 90% de los casos esta corrupción es promovida por el propio Gobierno ya sea exigiendo comisiones o haciendo permisivo que ciertas empresas hagan los que les plazca en materia impositiva a cambio de favores políticos. Un Gobierno corrupto obliga a una sociedad corrupta.

Finalmente, en los últimos años ha entrado en juego otra gran fuente de enriquecimiento ilícito de funcionarios y militares, que mueve miles de millones de dólares. Se trata del narcotráfico, que para el Presidente es probablemente otro hecho aislado.