SAN CRISTÓBAL. El asesinato el 17 de enero del 2008 del ex síndico Néstor Julio Santana Álvarez, a manos de un hombre con 25 fichas, marcó un año sangriento para esta provincia, que afectó también a otras localidades de la región Sur-central del país.

 Posteriormente, el dos de marzo, fue  asesinado de cuatro disparos el  encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Jarabacoa  el teniente Guillermo Antonio Tejeda  Kranwinkel, del Ejército Nacional, nativo de esta ciudad, hijo del periodista Guillermo Tejeda Báez.

El oficial fue asesinado a las 4 de la tarde de  ese día,  en la intersección de las calles General Leger y Padre Borbón, una de las arterias comerciales  más dinámicas de esta región

En plenos exámenes, el 9 de junio,  un adolescente del colegio San Rafael mató de una cuchillada  a un compañero de estudios.

Luego, en Jamey fueron hallados seis  cadáveres calcinados en  un aparente accidente, que posteriormente una investigación periodística del vespertino El Nacional reveló  que la tragedia  estaba presumiblemente vinculada al narcotráfico internacional.

Asimismo, el 11 de septiembre fue acribillado de varios balazos, en su residencia, el ciudadano español Adolfo Serrano Arrellanas,  comercialmente conocido como Waikiki. 

Las muertes violentas estremecieron esta sociedad y motivaron la preocupación de diferentes personalidades, como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez .

La Policía Nacional  y la Justicia han tomado  medidas ante algunos de estos casos,  y  se recuerda la sentencia condenatoria  del autor material de la muerte de ex síndico Santana Álvarez,  aunque la población se quedó con su duda ante la condena de que fue objeto Milton de León Lara (Burón), quien había sido sometido a la justicia en 25 ocasiones antes de cometer el hecho.

Por otra parte, está en el limbo la investigación con relación al asesinato del teniente Tejeda Kranwinkel, en torno a la   han sido investigadas más de 100 personas, pero a ninguno se le ha formulado cargo.

Su padre Tejada Báez  oferta un millón de pesos como recompensa   a quien  identifique al autor  o  autores materiales e intelectuales del crimen  que conmocionó al país, por la “vileza  de su ejecución”.

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Caso de Paya

El 4 de agosto fueron hallados siete cadáveres correspondientes a igual número de ciudadanos colombianos, lo que posteriormente dejaría al desnudo la podredumbre en un sector importante de las Fuerzas Armadas.

El vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, dijo  que las muertes de Ojo de Agua, en Paya, Baní, formaban parte de una mafia que operaba a lo interno de esa institución.