El rosario de casos de corrupción administrativa que pesa sobre los hombros de los tribunales dominicanos y que son orquestados por la Procuraduría General de la República (PGR) en su lucha contra el flagelo, es de vital importancia para entidades como el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana (PC).

Sin embargo, la entidad encargada de velar por la transparencia considera que el fin de todos los expedientes es que se logren sentencias ejemplares.

«De eso es que nosotros tenemos que hablar. ¿Qué esperamos del juicio de fondo? Sentencias que den el fin de la impunidad. Hemos tenido muchos casos de corrupción, pero ¿qué ha pasado? No hemos tenido sentencias», aseveró Leidy Blanco, excoordinadora de PC, al hablar sobre el caso Coral y otros que se mantienen levitando en la palestra.

A consideración de Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el rendimiento de los casos respecto a las sentencias «no es el óptimo».

«El mismo último caso, que no nos ha quedado esperando más, de las expropiaciones y el pago de deudas, tiene que haber una especie de una segunda etapa», aseguró Potentini, especíoficamente sobre el expediente contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Respecto al caso Coral, se recuerda que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció que solo el Estado, a través de abogados apoderados por el Poder Ejecutivo, pueden ser reconocidos como actor civil en los procesos seguidos a funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción y afectación del patrimonio público.

Le puede interesar: Domingo Contreras: “A mí nadie me puede señalar” con agravios buscan evitar el debate de problemas de la ciudad

Así lo sostuvo el Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quien indicó que al dictar apertura a juicio en contra de 43 personas físicas y jurídicas imputadas en los denominados casos Coral y Coral 5G, la jueza Yanibet Rivas reiteró la calidad que tiene el Estado para ser querellante y actor civil en los procesos penales y que su designación no transgrede las facultades del presidente de la República, Luis Abinader, ni es una intromisión a las funciones del Ministerio Público.

“Una grandiosa decisión. Cuarenta y tres personas que tendrán que ir a juicio, no solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y la ciudadanía sino, también a enfrentar la real posibilidad de pagarle al país una indemnización de RD$20, 974 millones”, manifestó José Alberto Ortiz, miembro del ERPP contratado por el Ejecutivo.

“Triunfó la facultad que tiene el presidente de la República de emitir un decreto contratando abogados para la recuperación del patrimonio público. Triunfó la ciudadanía dominicana que ahora va a ir a un juicio de fondo, representada por los abogados que contrató el presidente para recuperar el dinero que le fue robado”, explicó el jurista respecto al fallo en donde la jueza reconoció la facultad que tiene el presidente Abinader para contratar abogados en nombre del Estado.