Hoy 
En esta fecha, 30 de mayo del 2005, se cumplen 44 años de que fuera depuesta la expresión más grosera de ejercicio unipersonal y omnímodo del poder político que haya vivido la República Dominicana.
Era aquel un régimen que se caracterizó por la despótica imposición de la voluntad de un hombre que encontró acólitos incondicionales que le sirvieron sin sonrojos para el crimen, la supresión de libertades y derechos, y para el saqueo del país.
A pesar del tiempo transcurrido desde aquellos sucesos que redimieron en parte a los dominicanos y que colocaron al país en el camino de la democracia, hay trazas visibles, evidencias contundentes, de que la tiranía de Rafael Trujillo fue tan influyente en la idiosincrasia del dominicano, que dejó instaurada una vocación hegemónica de ejercicio del poder, aún dentro del esquema de la misma democracia representativa.
Nuestro andamiaje jurídico, nuestro estatuto de nación, consigna esa vocación hegemónica, de alta concentración de poderes en desmedro, claro está, de los debidos equilibrios que sustentan a las verdaderas democracias.
-II-
En un informe conjunto que divulgaran en estos días, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo enfocan un aspecto de nuestra institucionalidad que no deja dudas de que predomina la vocación hegemónica en el ejercicio del poder.
El informe destaca la alta concentración de facultades del Poder Ejecutivo, conferidas por el Artículo 55 de una Constitución que, a pesar de haber sido modificada más de una decena de veces desde la caída de Trujillo, reserva para el que encarna el Poder Ejecutivo una proporción de poderes que no es saludable para el equilibrio institucional.
Entre los políticos que han promovido modificaciones de la Constitución o que han sido coautores de las mismas, no ha habido uno que haya tenido la ocurrencia de modificar esa desbordante fuente de poderes y atribuciones que representa el Artículo 55. ¿Influencia, acaso, de aquella vocación de omnipotencia desarticulada hace 44 años?
-III-
No sería pecaminoso deducir que el informe del Banco Mundial y el BID es una forma de decir que aunque fuimos capaces de derrocar al tirano, eliminándolo físicamente la noche del 30 de mayo de 1961, no hemos sido capaces de librarnos de parte de la esencia de su ejercicio del poder avasallante.
Esas omisiones que hemos cometido en más de cuatro decenios de ejercicio democrático, sin duda descalifican con firmeza irresistible las reformas tangenciales, coyunturales e interesadas de la Constitución, hechas en los últimos tiempos.
Es evidente que no basta conmemorar cada 30 de mayo la deposición de una tiranía, ni vanagloriarse de un ejercicio democrático estructuralmente deficiente, ni preservar en la Carta Magna una concentración de poder mayor que lo aconsejable para el equilibrio de los poderes.
Conmemoremos esta fecha y los acontecimientos que hace 44 años marcaron el inicio de un cambio hacia un régimen de respeto a las libertades públicas y los derechos individuales y sociales. Pero hagámoslo bajo el compromiso de continuar apuntalando el ejercicio democrático sobre la base de un ejercicio del poder más equilibrado, con menos de esa herencia hegemónica.
