WASHINGTON (AP).- Mientras más información trate de mantener en secreto un gobierno, mayores son las posibilidades de que tales informaciones sean filtradas a la prensa, dijo el martes un ejecutivo jubilado de The Associated Press.

«El exceso de hermetismo, en lugar de reducir, aumenta el peligro de que se filtren secretos realmente vitales»», dijo el ex vicepresidente y editor ejecutivo de AP, Walter Mears. «Si todo se mantiene en secreto, mis colegas van a salir en busca de todo»».

Mears, que ganó un premio Pulitzer por sus reportajes políticos, fue uno de los cinco testigos que comparecieron el martes ante la Subcomisión de Terrorismo, Tecnología y Seguridad Nacional de la Comisión Judicial del Senado.

La subcomisión busca una legislación destinada a acelerar las respuestas de las agencias y los funcionarios del gobierno a las solicitudes de información que se presentan de conformidad con la Ley de Libertad de Información.

Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno se ha vuelto más reacio a divulgar información oficial, y ha pedido a las agencias que se asegurasen de que la información divulgada no ponía en peligro la seguridad nacional.

«Con demasiada frecuencia, la »seguridad nacional» se convierte en una excusa destinada a impedir que se divulguen informaciones embarazosas y el secreto puede ocultar casos de mala administración o fechorías»», agregó Mears.

El ex ejecutivo recordó los esfuerzos del presidente Richard Nixon por utilizar la seguridad nacional como excusa para ocultar lo que había ocurrido en el caso Watergate.

«Olvidar la historia conlleva el peligro de repetirla»», dijo Mears.

Un proyecto de ley auspiciado por el senador republicano John Cornyn y el demócrata Patrick Leahy requeriría dar a los solicitantes de documentos un número de seguimiento en un plazo de diez días y establecer sistemas de teléfono o internet que le permitan conocer el status de su petición y la fecha en que podría completarse el proceso.

Las agencias que no respondiesen dentro de 20 días perderían todas las excepciones que fija la Ley de Libertad de Información salvo en temas de seguridad nacional, privacidad personal, marca registrada o una prohibición dispuesta por otra ley.

El proyecto también establece la creación de un cargo capaz de supervisar y revisar el sistema.