Muy pocos conductores  pagan las multas por violaciones a la ley de tránsito. La falta de respeto a las reglas de manejo es flagrante y permanente, en un país  que acusa una insostenible dispersión de organismos que deben intervenir en aspectos de la regulación del tránsito terrestre y el transporte. Un número apreciable de conductores carece de licencia o no renueva la que tiene. El parque vehicular del transporte de pasajeros está mayormente compuesto por chatarra con agravantes como el uso inadecuado de gas propano.

No es casual que en este país los accidentes de tránsito ocupen el primer lugar como causa de muertes violentas, y  que tengamos uno de los índices más altos del mundo en cuanto a evasión de responsabilidad civil por daños a terceros ocasionados por vehículos de motor. Es evidente la falta de un instrumento de regulación fuerte, que permita enfrentar   el caos.

El  Grupo de Comunicaciones Corripio tuvo ayer como invitados a varios diputados que impulsan un proyecto de Ley  sobre Tránsito y Seguridad Vial, que acabaría la dispersión,  establecería medios de seguimiento a las infracciones y pondría orden en la distribución de rutas del transporte, entre otras cosas. El proyecto es ambicioso y se perfila como la herramienta que ha hecho falta para corregir uno de nuestros más mortificantes  problemas.

La JCE y la crisis del PRD

La República Dominicana carece de una ley específica que regule la existencia y actividades  de los partidos políticos, a pesar de que son estas organizaciones las que sustentan nuestro sistema democrático. A falta de esta pauta, la Junta Central Electoral, con la Ley Electoral como instrumento, tiene algún tipo de jurisdicción en el desenvolvimiento de los partidos, y así como lleva registro de los actos institucionales de esas organizaciones, debería interesarse cuando  uno de ellos es sacudido por una crisis.

Desde este punto de vista, creemos juicioso que el Pleno de la JCE someta a debate  la actitud a  seguir por  el organismo ante la crisis interna que sacude al  Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Con los instrumentos legales a la mano, la Junta debe ver qué margen de jurisdicción puede tener para contribuir al logro de una salida que preserve la integridad de ese gran partido de nuestro sistema democrático.