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El entonces embajador de EU Hans Hertell preguntó a Francisco Domínguez, a la sazón Procurador General de la República, por origen de viviendas de dos políticos importantes.
El 26 de enero de 2006, el entonces embajador de los Estados Unidos en el país, Hans Hertell, le preguntó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sobre pruebas en poder de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, indicando que dos prominentes políticos locales habían adquirido apartamentos de lujo pagados en efectivo por los hermanos Ulloa, posteriormente extraditados a aquel país para enfrentar cargos por tráfico de drogas.
La información está contenida en un despacho confidencial de la embajada estadounidense dado a conocer por el portal Wikileaks.
El despacho, remitido por Hertell al Departamento de Estado, dice textualmente, según versión al español de este periódico: El Embajador le preguntó [a Domínguez Brito] acerca de pruebas recogidas por la DEA de que dos prominentes políticos -el secretario general del gobernante PLD Reinaldo Pared Pérez y el secretario general del opositor PRSC, Víctor Gómez Casanova- habían adquirido apartamentos pagados en efectivo por los hermanos Ulloa, posteriormente extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Domínguez Brito indicó que no se contemplaba investigar a los dos políticos debido a insuficiente evidencia; «cientos de hombres de negocios adquieren propiedades similares», contestó. Desestimó la idea de que el PLD lo removiera del cargo de Procurador para proteger a miembros del partido.
Durante la reunión de dos horas, solicitada por el embajador, se trataron diversos temas, entre ellos las extradiciones, el combate a la trata de personas, el caso Quirino, un posible tratado multilateral de intercambio de prisioneros, el progreso en reducir los asesinatos por parte de la Policía, y la situación de Haití.
Domínguez Brito expresó su decepción porque hasta el momento los investigadores en EEUU de casos de traficantes de drogas, incluyendo los de Quirino Paulino y los hermanos Ulloa, no habían aportado evidencias que implicaran a otros en la República Dominicana, dando a entender que la lentitud de los casos en Estados Unidos afectaba la capacidad de arrestar y procesar personas adicionales conectadas con Quirino en el país. Destacó la reciente decisión judicial de liberar al alegado cómplice de Quirino Eleuterio Guante por falta de evidencia. Afirmó que muchos militares de alto rango durante la administración de Mejía, como el jefe del Ejército, general Zorrilla Ozuna, habían recibido dinero de la banda de Quirino o de otros traficantes. Los traficantes en los barrios compran protección de la Policía y del personal militar. Afirmó también que la banda de Quirino todavía operaba bajo la jefatura de uno de sus familiares.
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Intercambios de disparos
El embajador Hertell planteó la cuestión de los asesinatos extra-judiciales indiscriminados por la Policía en los llamados intercambios de disparos. El procurador Domínguez Brito dijo que en diciembre estos estaban en su punto más bajo en años, 14, lo que atribuyó al nombramiento de un nuevo jefe de la Policía Nacional en agosto y a investigaciones más vigorosas.
