Hoy 
Empresario del transporte, Blas Peralta, acusado del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, en el Palacio de Junticia. Hoy/Pablo Matos
Fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional, otra querella con constitución en actor civil, contra Blas Peralta Peralta, Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas, por el asesinado del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet.
La querella fue interpuesta por los abogados Danilo Lapaix, Cesar Amadeo Peralta y José Andrés Alcántara, quienes representan a la Srta. Jessica Damaris Aquino Lapaix, hija del ex rector, y en la cual se acusa a Blas Peralta y compartes, de asesinato, coautoría, ocultamiento de evidencias graves, en violación de los artículos 59, 60, 248, 295, 296, 297, 302 del Código Penal Dominicano.
Refieren los juristas que con la participación de cada uno de ellos, fue posible materializar el asesinato, ya que si uno de los 4 actores principales dejare de hacer la función que tuvieron en la consecución del asesinato, este no hubiese sucedido ya que Mateo Aquino Febrillet y su chofer, hicieron todo lo humanamente posible por evitar ese desenlace, intentando buscar refugio en la residencia presidencial.
Mateo Aquino Febrillet
Luego en el destacamento de la Policía Nacional, cosa esa que fue impedida segundos antes por la agilidad y experiencia del chofer que conducía el vehículo donde Blas Peralta intentaba darle muerte a Eduard Montas Lorenzo y que terminó ocasionándole heridas a la asistente, al chofer y asesinando a Mateo Aquino Febrillet.
Establece Amadeo Peralta, que es de publico conocimiento, el hecho de que Blas Peralta y compartes, hicieron todo lo necesario para que pueda ser consumado ese asesinato y luego trataron de borrar y eliminar los elementos de prueba, como cambiar el cañón del arma homicida, botar los celulares, esconderse y mentir de manera publica ante diversos medios de comunicación, ante la policía nacional, al Ministerio Publico y al propio juez que conocía la medida de coerción, por lo que una vez demostrados los hechos, pedirán la imposición del máximo de la pena para los asesinatos que es de 30 años de reclusión para todos y cada uno de los imputados.
