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TIRSO MEJÍA-RICART
Uno de los factores determinantes, sino el que más, del subdesarrollo y de las grandes desigualdades socio-económicas que priman en la sociedad dominicana, es la excesiva centralización política, que pone en pocas manos el destino de los recursos públicos, así como las decisiones de Estado que afectan a la población en general. Más que el dominio despótico del Estado, existe el monopolio de la administración pública por incondicionales políticos del mandón de turno, civil o militar, sin obedecer a nadie más, lo que es aprovechado por éstos para ganar influencia y fortuna, lo que ha sido una constante de la vida institucional dominicana.
A nivel del gobierno central, esa tendencia se manifiesta con una gran dispersión de la autoridad real por la proliferación de las Secretarías de Estado, de organismos autónomos y de provincias del país, que actúan sin ningún concierto, con duplicación de funciones y atribuciones, que aumentan la ineficiencia, la descoordinación y los gastos del gobierno como un todo.
A la centralización desordenada de la compleja madeja del Poder Ejecutivo, con más de 300 organismos que rodean al Presidente, a las múltiples interferencias que éste tiene de los estamentos legislativos, judicial, electoral y del sistema de control (Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República), se suma el tradicional abandono de la ciudadanía por los poderes públicos superiores y la mala organización y limitación de recursos en las únicas instancias reales del gobierno local, que son los ayuntamientos.
De hecho, los municipios recuperaron cierta autonomía en 1962, luego de la caída de la tiranía trujillista, pero no fue sino en 1983 que éstos comenzaron a recibir recursos de alguna consideración del Fondo General de la Nación, aunque solo un 1.85% (Ley 140-83). Para las elecciones del 1996, los tres grandes partidos ofrecieron en su campaña electoral elevar esa asignación hasta el 10%, pero hubo que librar una intensa campaña a nivel nacional para que el gobierno de Leonel Fernández aceptara apenas el 4% de los ingresos nacionales (Ley 275-97). Posteriormente esa asignación subió durante la pasada administración de Hipólito Mejía al 5% en el 2001, al 6% en el 2003, y luego la Ley 166-03 la llevó hasta el 10%, aunque en la práctica sólo alcanzó el 8.25% en el 2004, pero en el 2007 con el Gobierno del progreso fue bajado al 7%.
Lo cierto es que con esos aumentos en términos de porcentajes, más los incrementos debidos al aumento en las recaudaciones fiscales, le han dado ingresos importantes a los ayuntamientos, aunque el incremento en el número de municipalidades entre municipios y distritos municipales pasó en pocos años de unos 150 a casi 350.
De hecho, ese aumento en los ingresos de los ayuntamientos, aunque significativo, no llena aún los requerimientos de lo que deben recibir los gobiernos locales en una sociedad democrática, y lo que es peor, de esos recursos llegan poco a donde éstos deben llegar, que es al seno de las comunidades urbanas y rurales del país, que es donde vive y padece la gente; en tanto que el gasto en exceso en puestos innecesarios y en servicios muchas veces sobrevaluados por la falta de controles adecuados, sigue creciendo sin parar.
Es decir, que en los municipios se dé la misma centralización que existe en el gobierno central y las inversiones se desplazan hacia donde haya mayor visibilidad y a la generación de empleos, muchas veces innecesarios.
Mientras tanto la naturaleza ultra centralista y antimunicipalista del actual gobierno se ha manifestado en diversos campos, entre los cuales se pueden contar la reducción ilegal de los recursos ya establecidos, bajo el alegato de que la Ley de Gastos Públicos predomina sobre una Ley General como la 166-03, el retiro de equipos pesados y hasta instrumentos musicales entregados durante la administración pasada a los organismos de gobiernos y el desmantelamiento de la mayor parte de los cuerpos de la policía municipal.
Mientras en nuestros barrios y campos reine la miseria, la inseguridad y la desatención, y se pretenda controlar la situación con la ayuda de fiscalías barriales y patrullajes policiales que nada resumen verdaderamente, nadie virtualmente ayuda para resolver los urgentes problemas de educación, salud, empleo, vivienda y seguridad ciudadana de esos sectores.
Lo que se precisa es el fortalecimiento de la infraestructura social con la participación de las organizaciones comunitarias responsables, capaces de inducir progreso económico y social autosostenible y una democracia más sana y participativa.
