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En 1908 el incremento en el juego en los hipódromos de Japón, preocupó a las autoridades, provocando la inclusión en el Código Penal de una disposición que prohibía las apuestas sobre carreras. Como consecuencia de ello, numerosos hipódromos cesaron en su actividad y los que continuaron funcionando debieron recurrir a subsidios del gobierno para no desalentar definitivamente a los propietarios y criadores.
Numerosas gestiones se efectuaron para modificar una situación que obstaculizaba el progreso del turf y del elevage local, las que recién prosperaron a principio de 1923 cuando se produjo la sanción de una ley que autorizó el juego sobre las carreras de caballos.
Simultáneamente, se concedió autorización para que numerosas entidades privadas procedieran a su organización. Desde ese momento la actividad hípica local se reactivó y las instituciones hípicas que actuaron en un organismo a cuya creación colaboraron, que se tituló “Sociedad Imperial de Carrera”.
En los años siguientes, se produjeron algunas modificaciones en las normas legales vigentes, las que distaban de ser perfectas, y el 12 de mayo de 1936 se dictó una nueva ley, que sustituyó la anterior, encarando con acierto todo.