El proceso de reformas que en política energética está llevando a cabo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, más que responder a concepciones ideológicas que promueven la preeminencia estatal en el ciclo económico de los pueblos, son provocadas por la necesidad práctica de que las multinacionales se acojan al fiel cumplimiento de los compromisos establecidos en sus relaciones contractuales con los Estados, que como el caso en cuestión, promueven la inversión foránea.

Como muchos sabemos, la española REPSOL YPF no había cumplido con los planes de expansión que en materia de exploración y extracción de hidrocarburos fueron proyectados, incluso, algunas provincias argentinas ya habían rescindido o negado la  renovación de concesiones vencidas de esa multinacional, debido a que entre otras cosas, la misma importa en estos momentos once veces más hidrocarburos que en 1995.

El incumplimiento de los contratos y el vencimiento escalonado de concesiones provinciales de YPF han constituido para CFK el escenario más propicio para devolverle a su nación lo que le pertenece y poner fin a años de déficit en su balanza comercial petrolera.

Hipólito Mejía hizo lo contrario en RD cuando le tocó gobernar. En la capitalización de la CDEEE se firmaron varios tipos de contratos, a decir, de concesión, de administración y de compra y venta de energía.

Estos últimos vencían en el año 2004 y se colocó su fecha de extinción a tan corto plazo, con el fin de corregir a tiempo cualquier distorsión generada por los mismos.

Sin embargo, ante el incumplimiento de los generadores, el expresidente Mejía procedió a extenderles sus contratos hasta el año 2016, infringiéndole así una estocada mortal a la reforma del sector eléctrico y obligando desde entonces al pueblo dominicano a pagar de manera indebida más de 250 millones de dólares al año por esa funesta decisión.