El ex presidente Hipólito Mejía afirmó que el sector eléctrico sigue representando uno de los principales problemas del país, por lo que se requiere imponer la voluntad política necesaria para lograr urgente la firma del pacto como forma de acelerar su solución.
Mejía manifestó que se requieren de compromisos concretos y acciones que puedan garantizar el suministro confiable de electricidad (menos apagones), precios competitivos (facturas baratas) y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

En un documento enviado a la prensa, el dirigente político expresó que dicho pacto es un mandato legal, cuya concertación fue uno de los compromisos asumido dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo convertida en ley en 2012 (Ley 1-12).

Respetar la ley. Mejía resaltó que la concertación de pacto eléctrico conllevó tres años de negociación en el seno del Consejo
Económico. Empero, Mejía advirtió que previamente el Gobierno debe detener ya la violación a la Ley General de Electricidad absteniéndose de firma de contratos de compra de energía bajo la modalidad de IPP al margen de dicha ley tal como ha estado ocurriendo en la CDEEE.

Mejía resaltó que la concertación del pacto conllevó tres años de negociación en el seno del Consejo Económico y Social, en el cual participaron representantes del Gobierno, partidos políticos, sector privado, sector laboral y sociedad civil.
“Como resultado, se lograron consensuar más de 200 compromisos, y poco más de una decena de temas quedaron en disenso. El Pacto no es perfecto, pero contiene aspectos importantes para mejorar significativamente el sector eléctrico” y que todos debemos asumir, apuntó el ex presidente Hipólito Mejía.

«Hay muchas leyes pero no se cumplen, peor aún, se violan. Es el caso de la Ley General de Electricidad 125-01, que entre muchas otras cosas establece la forma de contratación de la capacidad de potencia eléctrica requerida por las distribuidoras para abastecer la demanda, sin embargo vemos como la Corporación Dominicana Eléctricas Estatales (CDEEE), viola ese mandato al contratar de manera directa y sin licitación nuevas energía. Eso hay que pararlo Ya, ello es parte del compromiso del Pacto.

Entre las ventajas que se lograrían con la firma del Pacto Eléctrico, detalló, figuran ordenamiento institucional, ya que actualmente coexisten un conjunto de instituciones que se solapan y se convierten en factores de ineficiencia.

Citó entre estas instituciones el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), las Edes, Empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) .

Argumenta que el pacto establece los parámetros para la reestructuración del sector en el corto plazo. «Esto permitirá reducir burocracia y costos innecesarios».

Tarifa. Mejía consideró que con el pacto se establece la aplicación en el corto plazo una tarifa técnica que también es un mandato de la ley 125-01, pero que ha sido desconocida por las presentes autoridades. La aplicación de esta tarifa evitará la discrecionalidad existente, se logrará transparentar los costos, que se traducirá en reducción de las facturas del consumidor.

Señaló que las empresas distribuidoras han venido acumulando pérdida promedio anual que sobrepasan el 30%, las cuales son compensadas a través del subsidio del Estado, problema que tiene que ser resuelto y es un compromiso del pacto, ya que esto conlleva compromisos para reducir las mismas a un 15% en 5 años.

Agregó que para que esto sea posible, se establecen metas que permitan mejorar las cobranzas, reducir y racionalizar los gastos operativos, expansión y rehabilitación de redes y el programa de tele gestión y prepago.

En cuanto a la expansión eléctrica y sostenibilidad ambiental, el pacto prevé la transición hacia energía limpia que no cause al medio ambiente, estableciendo plazos y compromisos concretos para sus logros.

Para cumplir con los compromisos asumidos se establecen plazos que van desde 2 hasta 18 meses a partir de la firma del Pacto.
Para el seguimiento y evolución a estos compromisos se incorporan el sistema de monitorea de las metas presidenciales, denominado (SIGOB) y se establecen mecanismos de veeduría que permitirán a la sociedad atenta de lo que ocurre.