Hipólito pide modificar la composición JCE y TSE para tener árbitros confiables

Hipólito pide modificar la composición JCE y TSE para tener árbitros confiables

El expresidente Hipólito Mejía advirtió ayer que debido a la complejidad de las elecciones de 2016, en la que se escogerán 4,128 cargos entre más de 80,000 aspirantes, es “condición fundamental” modificar la composición de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), como forma de garantizar árbitros imparciales, confiables y un proceso transparente.

“A dos años de celebrarse las venideras elecciones, el panorama electoral se encuentra lleno de desafíos y dificultades, las cuales ponen en peligro la democracia, la estabilidad política y la paz pública”, advirtió Mejía. Afirmó que no hay garantías de elecciones pulcras debido a que ambos organismos se han descalificado como árbitros. “Al día de hoy no hay garantías de que podamos celebrar elecciones confiables y creíbles. Eso se debe, principalmente, a la composición de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.

Ambos organismos, lejos de actuar para garantizar la transparencia y la equidad del proceso, se han descalificado como árbitros imparciales mediante sentencias, disposiciones y manejos ilegales e indebidos”. Mejía considera que para que ese cambio se produzca, se requiere la concertación de un gran acuerdo nacional que permita llevar a ambos órganos personalidades independientes que gocen de la credibilidad de la sociedad civil, de los partidos políticos y de la comunidad internacional, para que su presencia sea garantía de transparencia e imparcialidad.

Ley de Partidos. Mejía indicó que uno de los problemas de la actual coyuntura es la falta de una Ley de Partidos Políticos, la cual contribuiría a la democracia interna, al manejo transparente de los fondos públicos, a la equidad en la competencia y a la regulación de la campaña al interior de las organizaciones. Otra demanda de Mejía es la adecuación de la Ley Electoral a la Constitución, en lo que se refiere al funcionamiento de la JCE, la fiscalización y supervisión interna de los partidos, la organización de las elecciones y el control de los recursos del Estado.

 

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