FABIO RAFAEL FIALLO
Si la Revolución de Abril hubiera logrado el objetivo que se propuso, es decir, el restablecimiento del orden constitucional anterior al golpe de Estado, o si, al menos, la situación política que imperó en el país después de aquella insurrección hubiera correspondido a las motivaciones de quienes se batieron en nombre del retorno a la constitucionalidad, entonces no sería necesario preguntarse retrospectivamente, con ojos críticos, si la estrategia que condujo al estallido militar del 24 de abril fue acertada o no. El éxito habría legitimado la vía que se siguió, haciendo superfluo cualquier cuestionamiento al respecto.

Pero ese no fue el caso: a la Revolución de Abril, y a las elecciones que se negocian a fin de salir de la crisis, sigue la entronización, durante varias décadas, de Joaquín Balaguer como árbitro y señor de la vida política dominicana. Nada estaba más lejos de las expectativas y esperanzas constitucionalistas que el ver a Balaguer ocupar de nuevo el primer plano de la escena y ejercer el poder, aupado por Estados Unidos, sin moderación y sin fin.

Es cierto además, y sobre todo, que entre el estallido militar del 24 de abril del 65 y las elecciones de 1966 tuvo lugar la condenable intervención militar norteamericana, transformada subsiguientemente, por una decisión de la OEA, en la llamada Fuerza Interamericana de Paz. A ese trágico e ignominioso fenómeno le consagraremos posteriormente múltiples artículos, y el mismo constituirá de hecho uno de los puntos álgidos de nuestro recorrido crítico por la Revolución de Abril. Mientras tanto, cabe repetir aquí lo que hemos afirmado precedentemente a la luz de lo ocurrido en situaciones similares en otros tiempos y países, a saber: la presencia de tropas extranjeras en nuestro suelo, en vez de jugar en detrimento del ascendiente de Bosch en la población dominicana, hubiera podido exacerbar el sentimiento nacionalista del pueblo dominicano, llevándolo a volcar su apoyo y dar mayoritariamente sus votos al candidato de los constitucionalistas en los comicios de 1966.

Y es precisamente porque eso no ocurrió, unido al hecho de que, como ya dijimos, el orden político que se instauró en nuestro país a raíz de esos comicios (con la hegemonía prolongada de Balaguer) no correspondió a los objetivos y anticipaciones de los constitucionalistas, por lo que conviene retrotraernos al origen mismo de la insurrección de abril, a su acta fundadora, la que le insufló sustancia, fundamento y vida a aquella insurrección. Retrotraernos, en otras palabras, al Pacto de Río Piedras, adoptado el 30 de enero de 1965 por el PRD de Bosch y el Partido Revolucionario Social Cristiano. Y cuestionar la evidencia más obvia de todas las evidencias, el mito más respetado de todos los mitos, plantearnos la pregunta tabú por excelencia, la que nadie ha formulado jamás: ¿fue aquel pacto la fórmula acertada para salir del Triunvirato y poner de nuevo el país bajo el imperio de la voluntad popular?

Antes de proseguir es menester dejar bien claro que aquí no se tratará de poner en tela de juicio el objetivo, harto legítimo sin lugar a dudas, de instaurar en nuestro país un orden constitucional fruto de la voluntad popular. Tampoco se habrá de cuestionar el derecho que asistía a los partidarios del retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República de optar por la vía del contragolpe militar para alcanzar el poder que el golpe de Estado de 1963 arrebató a nuestro presidente constitucional. Lo que habremos de preguntarnos, por el contrario, es si la vía del contragolpe era la forma eficaz de dar al traste con el Triunvirato y encauzar de nuevo el país por el camino de la legitimidad constitucional. El Pacto de Río Piedras se proponía lograr el retorno a la constitucionalidad sin nuevas elecciones, es decir, el regreso de Bosch, presidente electo en 1962, al poder. Ahora bien, como el eventual retorno de Bosch como presidente constitucional encontraba una fuerte resistencia por parte de la jerarquía militar de la época, dicha eventualidad implicaba necesariamente un enfrentamiento en el seno de las fuerzas armadas y requería, para materializarse, el recurso a un cuartelazo antigolpista (el cual, dicho sea de paso, ya se estaba preparando en el momento en que se adoptó el pacto en cuestión).

La tesis inherente al Pacto de Río Piedras, es decir, retorno a la constitucionalidad sin nuevas elecciones, no contaba en un principio con la adhesión de todos los grupos políticos que se oponían al Triunvirato. Antes de la rebelión de abril, durante un corto tiempo, el Partido Socialista Popular (futuro Partido Comunista Dominicano), y en particular la vieja guardia de ese partido, había vislumbrado una línea de acción diferente: utilizar la promesa de elecciones hecha por el Triunvirato para septiembre de 1965 y, sobre esa base, provocar un movimiento masivo de contestación cuya magnitud, pensaba la vieja guardia, bien podría llegar a ser arrolladora.