POR UBALDO GUZMAN MOLINA
La designación de lugares públicos con nombres de líderes políticos fallecidos hace poco tiempo fue criticada por los historiadores Roberto Cassá, José Antinoe Fiallo y Franklin Franco. También se consultó al nuevo presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Chez Checo, quien remitió un documento, del 13 de agosto del año pasado, en el que la institución fijó su posición al respecto.

El documento señala que deben evitarse propósitos políticos particulares en la designación de esos lugares y esperar un tiempo prudente tras el fallecimiento de dirigentes políticos para hacer una ponderación sensata de sus actuaciones.

Mediante el decreto 820-04, el presidente Hipólito Mejía cambió el nombre a la avenida Las Américas y la nombró Presidente Antonio Guzmán Fernández. El año pasado, al Parque Mirador Sur se le agregó Presidente Joaquín Balaguer.

«En los últimos años, yo creo que ha habido un festín de designaciones de calles, centros y avenidas que no merecen realmente que sean homenajeados como tales», señaló Franco.

Para Cassá, ex presidente de la Academia Dominicana de la Historia, las designaciones hechas en el gobierno de Hipólito Mejía responden a propósitos políticos.

Según Fiallo, el país tiene que hacer un esfuerzo honesto para limpiar el Panteón Nacional y todos los lugares con nombres que no se merecen, incluido el aeropuerto de las Américas.

Cassá propuso que la designación de lugares públicos debe hacerse de acuerdo con un criterio de consenso entre los diversos sectores del país.

«Creo que en cualquier caso debe pasar un período antes de reconocerse a figuras públicas y que los partidos políticos deben tener el desprendimiento de no utilizar las designaciones para fines particulares», dijo.

En cuanto a si se debe nombrar lugares públicos que ya están bautizados, Cassá dijo «a veces puede ser válido cambiar el nombre, pero debe hacerse con todo el cuidado, todo el rigor y de que sea objeto de una opinión casi unánime de la población».

Expresó que el país tiene muchos héroes naciones que hicieron aportes extraordinarios a las causas de la libertad y la igualdad del pueblo dominicano.

«Los políticos actuales, evidentemente, no les otorgan el reconocimiento a esas figuras», expresó.

De su lado, Fiallo consideró que figuran una cantidad de nombres que se han puesto a calles y lugares del país de forma inmerecida.

«No hay en ningún lugar del país, sea un rincón, un callejón, una calle o un aeropuerto, que merezca que sea designado con el nombre de Joaquín Balaguer», sostuvo.

Señaló que se debe hacer un análisis crítico y valorativo de los liderazgos políticos. José Francisco Peña Gómez fue un importante dirigente perredeísta, pero, cuando se hace un balance de su trayectoria política, se concluye «que contribuyó a que el actual PRD, con todas sus características negativas, ha llegado hasta donde llegó en un sistema de transacción», dijo.

«¿Por qué no se atreven ponerle el nombre de Aeropuerto Internacional de las Américas Caonabo? Yo prefiriría que se llamara Caonabo a que se le pusiera el nombre de Peña Gómez», dijo.

Designaciones injustas

Franco dijo que es tradicional que parques, centros creativos, avenidas y calles sean designadas con nombres de personalidades. Señaló que, algunas veces, esas designaciones son meritorias y otras veces no.

«En consecuencia, hay designaciones justas, pero también muchas designaciones injustas. Yo creo que hay más injustas que justas», expresó.

Recordó que las principales avenidas de la capital llevan el nombre de extranjeros, como Winston Churchill, George Washington, John F. Kennedy. A su juicio, esas son designaciones injustas, las cuales debieron ser designadas con los nombres de patriotas dominicanos.

Indicó que está totalmente en desacuerdo sobre la apreciación que tiene mucha gente sobre Joaquín Balaguer, pero no queda la menor duda de que los balagueristas tienen aquí muchos simpatizantes.

Posición de la Academia Historia

El documento remitido por la Academia Dominicana de la Historia

sostiene que para evitar que las decisiones generen controversias, las personas escogidas deben gozar de un consenso entre la generalidad de los sectores del país.

Plantea que deben ponderarse contribuciones en aspectos como la lucha patriótica, las artes, la ciencia, la educación, la cultura y labores de servicio en beneficio de la comunidad.

Sostiene que resulta deseable que el Congreso y los ayuntamientos realicen consultas abiertas ante los diversos sectores, incluyendo vistas públicas, antes de proceder a la designación de lugares públicos.