Se necesita sensibilizar a población sobre los derechos de la niñez

El reciente caso de Yacaira Amarante Rodríguez, de 19 años, ha consternado a la sociedad dominicana. La joven se encuentra en estado de gravedad por las heridas y quemaduras causadas tras el arrojo de ácido del Diablo de dos individuos pagados por su expareja Willy Antonio Javier Montero con 33 años.

El Sr. Montero “se llevó” a la adolescente con 14 años de su hogar, acto de abuso sexual de un adulto (27 años) contra una menor, según establece el Código del menor.

La promoción de las “menores” como atractivas para hombres adultos en su “conquista” está normalizado en nuestra sociedad. Los hombres tienen permiso para abusar sexualmente de una niña -adolescente desde la expresión “se la llevó”.

Las familias no reconocen las relaciones sexuales entre hombres adultos y niñas-adolescentes como acoso sexual ni abuso. Por el contrario, las culpabilizan por tener relaciones sexuales y favorecen que “se las lleven” para salvar “su honor”.

De esta forma, la entrega de niñas y adolescentes de familias a hombres adultos es parte de la legitimación de las uniones tempranas las cuales están legalizadas. Actualmente un grupo de instituciones de la sociedad civil están promoviendo una propuesta legal de prohibir y sancionar el matrimonio infantil (caso de Yacaira) para evitar que muchas niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de círculos de abuso sexual y violencia de género.

Detrás de esta trama cultural tenemos a hombres y adolescentes de sexo masculino que acosan y agreden sexualmente a las niñas y adolescentes sin identificar en esas acciones violencia ni violaciones de derechos hacia ellas.

En el estudio que realizamos sobre Masculinidades y Violencia de Género (Vargas/Profamilia 2019) entrevistamos a muchos hombres y adolescentes de diferentes estratos sociales y provincias que relataron sus prácticas de acoso y violencia sexual que forman parte de su cotidianidad, hacia niñas y adolescentes.

Estos justifican sus comportamientos como reacción a la provocación de las niñas y adolescentes quienes “se buscan” que las violen.

En ningún momento se identifican como agresores sexuales y por tanto no ven que sus actuaciones entran en conflicto con la ley.
La erradicación de estas prácticas de abuso sexual, uniones tempranas y violencia de género contra niñas y adolescentes debe ser una prioridad en las políticas sociales y culturales en el país.

Se necesita sensibilizar a la población en general sobre los derechos de la niñez y adolescencia, empoderar a la población infantil y adolescente sobre sus derechos sexuales y reproductivos y generar cambios en la masculinidad violenta existente en la población masculina que legitima y se hace cómplice del abuso sexual y la violencia de género.