Quince  muertes por accidentes de tránsito, como ocurrió en el pasado fin de semana, es una cifra alarmante, incluso si ocurriera  en un país como España, de mucho más territorio, o Puerto Rico, de mayor número de automóviles.

Las tragedias viales están entre las primeras causas de muertes en el país, y la impunidad tiene mucho que ver con ello.

Se manifesta, entre otras maneras, en que las autoridades han demostrado que no son capaces de imponer castigo cuando los accidentes ocurren en competencias de velocidad en plena vía pública, práctica atribuida a hijos de adinerados.

Los familiares de una de las últimas víctimas de un acccidente con esas   características, Catherine Báez, de 7 años, lloran sin consuelo. Uno de los conductores involucrados escapó inmune.

Aun cuando las autoridades logran  imponer contravenciones, la blandura de la sanción, y la escasez de vigilancia y persecución  indican que la disuasión no tiene efecto masivo entre infractores.

Los violadores de tránsito pertenecen a todas las clases sociales; desde el tosco individuo  que conduce un bus sin consideración al prójimo,  a los señores de yipetas que violan la luz roja y transitan en vía contraria sin que los multen.

Injusticia
En un panel recién pasado, el director de Impuestos Internos, Juan Hernández, admitió que el organismo (por una omisión legal) incurre en la inequidad de que solo reconoce a empresas el derecho a deducir impuestos cuando alegan “gastos extraordinarios”. En cambio cualquier  asalariado que devengue más de 24 mil pesos mensuales debe pagar al fisco estrictamente lo que se le exija, aun cuando algún dependiente haya caído repentinamente  en una enfermedad catastrófica, sufriera un robo o perdiera su casa.

Solo se toma en cuenta al ciudadano de bienes importantes, el que puede ser exceptuado de impuestos no sólo si invoca pérdidas sino por gastos para mejorar sus negocios.

Se trata de una situación injusta, que haría ver al Fisco como un “voraz” enemigo del ciudadano común.

La voz que falta
El presidencialismo, una condición extrema en los Estados, ha hecho mucho mal históricamente, pero  para evitarlos no debería caerse en la exageración contraria.

Como dicen: la vela no debe estar tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.

Actualmente hay conflictos que resuenan: lío con parques nacionales, confrontación entre senadores y el secretario de Medio Ambiente, confusión de intereses entre el Estado y la Shell de la Refinería; incertidumbre por pocos recursos en la Junta Central Electoral; un secretario de Turismo que dice que si los empresarios no lo apoyan renunciará, como si su autoridad no emanara del Poder Ejecutivo, llamado a encarnar los intereses de la nación, que con toda dignidad suelen estar contrapuestos a los de particulares.

Además surgen  quejas por el exceso de armas de fuego en manos de civiles,  y un cura proclama que ¡aquí no hay gobierno!” y  que la Policía no cumple su misión.

La opinión pública quisiera escuchar, siquiera el eco, de una voz que desde el puente de mando de la nave del Estado ponga puntos a las íes y trace rumbo para seguir adelante.